AgroEmprende 5.0

El Gobierno ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una orden que atiende algunas de las principales reivindicaciones de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) para acelerar las necesarias reparaciones de infraestructuras agrarias afectadas por la DANA. La orden del Ministerio de Agricultura concede la opción a los propietarios de elegir entre esperar a que la empresa pública Tragsa ejecute las reparaciones o que ellos mismos, directamente o contratando a terceros, reciban una compensación para encargarse de agilizar los arreglos de infraestructuras. Otra propuesta atendida es la aprobación de indemnizaciones para aquellas parcelas situadas junto a cauces y barrancos que quedaron arrasadas. Finalmente, el Gobierno amplía las ayudas a los viveros con unas ayudas específicas debido a los mayores desperfectos en sus equipos e instalaciones. La principal corrección que incluye la Orden APA/383/2025, de 22 de abril, es que el Gobierno establece una baremación de ayudas por superficie, de 5.200 a 9.900 euros por hectárea en función de cuatro zonas asignadas con distinto grado de afección, para que los agricultores damnificados que lo prefieran lleven a cabo sus propias reparaciones de las infraestructuras dañadas: accesos a las explotaciones, instalaciones de riego, muros, vallados, etc. La cuantía máxima por beneficiario es de 125.000 euros. AVA-ASAJA, que había solicitado esta medida desde el primer día, considera que “era totalmente necesaria, visto el ingente trabajo que tiene acumulado Tragsa y la urgencia que hay en los campos, casi seis meses después de la DANA, para poder realizar las labores necesarias de cara a las campañas agrícolas. La mejor opción que siempre hemos defendido es que sean los propios agricultores, que son quienes saben mejor que nadie lo que necesitan y en qué orden de prioridad, arreglen los destrozos con el mismo dinero pero con más rapidez”. Sin embargo, la asociación critica que el Gobierno siga limitando las ayudas a los agricultores que están inscritos al Registro de Explotaciones Agrícolas (REA) y no a cualquier otro trámite que acredite su actividad agraria, como tener un seguro agrario o recibir una línea de subvención agraria de la propia Administración. En el caso de viveros, el importe de la ayuda se calcula aplicando el 60% del coste de los daños valorados por Tragsa. AVA-ASAJA y la Asociación Profesional de Flores, Plantas y Tecnología Hortícola de la Comunidad Valenciana (ASFPLANT) valoran este incremento de las ayudas a las empresas del sector verde porque “los importes recibidos hasta ahora eran en muchos casos irrisorios y esta medida permite adecuar de manera más aproximada el apoyo al impacto real”. Por otra parte, las parcelas que, por su proximidad a un cauce público, hayan sido gravemente afectadas, hasta el extremo de que para la Administración no le compense financieramente su reparación, la orden contempla que los propietarios interesados en que pasen al Dominio Público Hidráulico perciban una indemnización de 11.800 euros por hectárea para la totalidad de la superficie de la parcela. Un mismo beneficiario no podrá recibir más de 200.000 euros. La organización agraria plantea, además de esta compensación, que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), órgano dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, expropie dichas parcelas con el debido justiprecio debido a la inseguridad que genera este procedimiento. Asimismo, en caso de que los agricultores renuncien a la compensación contemplada en la orden, pide que Tragsa repare la totalidad de la superficie damnificada. AVA-ASAJA afirma que esta línea de ayudas “es beneficiosa tanto para la Administración -que destinará menos fondos públicos que si restaurara unos terrenos que podrían volver a sufrir riadas en el futuro- como para los propietarios -que recibirán una compensación para poner en marcha otra explotación en una zona no inundable- así como para el conjunto de la sociedad porque los cauces ganarán la anchura que necesitan ante temporales recurrentes en la cuenca mediterránea”. Fuente: Asaja Valencia AVA

El Gobierno de España ha aprobado el Real Decreto 347/2025, que establece una ayuda excepcional y urgente para los agricultores afectados por los fenómenos climáticos adversos ocurridos en 2024. ​ La medida busca paliar las pérdidas sufridas por los productores de frutos de cáscara en secano y avellanos en regadío, principalmente en las provincias de Almería, Murcia, Alicante, Valencia, Castellón y Tarragona. Durante el año 2024, la sequía y las altas temperaturas afectaron gravemente la producción agrícola en el arco mediterráneo español, con descensos significativos en cultivos como el almendro, que registró una caída del 30 % en su producción.    En Tarragona, la situación se agravó por la crítica situación del embalse de Riudecanyes, lo que provocó una reducción del 66 % en la producción de avellanos de regadío.    Además, en octubre de 2024, España sufrió una de las peores DANAs registradas, con precipitaciones extremas que superaron los 600 litros por metro cuadrado en algunas zonas de la Comunitat Valenciana.   Este fenómeno causó daños devastadores en cultivos leñosos como cítricos, caquis y aguacates, así como en infraestructuras agrícolas.    La Unión Europea ha destinado 68 millones de euros para España dentro de un paquete de ayudas de emergencia, de los cuales 20 millones se asignarán a los cultivos de frutos de cáscara afectados por la sequía.   Los agricultores podrán recibir hasta 120 €/ha para cultivos en secano y 240 €/ha para avellanos en regadío, con un límite de 70 hectáreas por beneficiario.    Real Decreto 347/2025