Los regantes del Trasvase Tajo-Segura, agrupados en el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), estudian nuevas acciones jurídicas tras la desestimación por parte del Tribunal Supremo del recurso presentado contra el actual Plan Hidrológico del Tajo y el incremento de los caudales ecológicos. La organización sostiene que las futuras normas de explotación previstas para 2026 y 2027 exigen una modificación legal que debe debatirse y aprobarse en el Congreso de los Diputados.
El presidente del Scrats, Lucas Jiménez, considera que la aplicación de los nuevos escenarios no puede realizarse únicamente por vía reglamentaria. Según explica, el incremento de los caudales ecológicos obligaría a elevar el umbral mínimo no trasvasable actualmente fijado en 400 hectómetros cúbicos, una cifra recogida en una norma con rango de ley y que, a su juicio, solo puede modificarse mediante una nueva tramitación parlamentaria.
Los regantes recuerdan que ese umbral pasó de 240 a 400 hectómetros cúbicos tras el Memorándum del Tajo-Segura y la posterior modificación legal aprobada en 2015. Según la documentación analizada por el sector, las nuevas reglas podrían situar ese límite en torno a los 600 hectómetros cúbicos, lo que impediría realizar trasvases cuando las reservas conjuntas de Entrepeñas y Buendía no superasen ese volumen.
El Scrats estima que la aplicación de las nuevas normas supondría una reducción cercana al 50% del agua trasvasable respecto a los envíos medios históricos. La organización advierte de que esta situación tendría consecuencias directas para los regadíos de Alicante, Murcia y Almería, territorios que dependen en gran medida de los recursos procedentes del trasvase.
Además del debate jurídico, los regantes critican el incumplimiento de las inversiones comprometidas por el Ministerio para la Transición Ecológica como medidas complementarias al recorte del trasvase. Según Lucas Jiménez, siguen pendientes importantes actuaciones en materia de depuración en la cuenca del Tajo y de infraestructuras vinculadas a la desalación en la cuenca del Segura.
El presidente del Scrats insiste en que cualquier reducción de aportaciones debería aplazarse hasta que existan alternativas reales para el Levante. Mientras continúan analizando la sentencia del Supremo y las posibles vías legales disponibles, los regantes mantienen su defensa de una infraestructura que consideran esencial para la agricultura, el abastecimiento y la actividad económica del sureste español.
Fuente: ASAJA Alicante
