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Más de 500 agricultores y ganaderos protestan en Córdoba contra un acuerdo UE‑Mercosur que consideran desequilibrado, sin reciprocidad y peligroso para sectores clave, al permitir importaciones con controles mínimos y estándares inferiores.

ASAJA denuncia que el pacto no garantiza seguridad alimentaria, no ofrece beneficios reales para productos como el aceite de oliva y agrava una balanza comercial ya muy deficitaria, mientras el presupuesto agrario europeo se reduce y se diluye entre conceptos ambiguos.

El aumento de costes, la burocracia y el riesgo para la calidad alimentaria impulsan una movilización que defiende tanto a productores como a consumidores europeos.

Agricultores y ganaderos de Huelva se han movilizado de forma unitaria y pacífica para denunciar la situación crítica que atraviesa el campo y exigir medidas urgentes que garanticen la viabilidad de las explotaciones y el futuro del medio rural. Convocada por Asaja-Huelva, COAG-Huelva y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, la concentración ha reclamado precios justos, competencia leal y que el sector deje de ser moneda de cambio en acuerdos comerciales como el UE-Mercosur.

Las organizaciones han alertado del impacto negativo de la PAC debilitada, del aumento de los costes de producción frente a precios en origen insuficientes, de la burocracia asfixiante y de la falta de infraestructuras hídricas clave. Bajo el lema “Huelva no puede esperar más”, el sector ha exigido menos trabas, más inversiones en agua y respuestas inmediatas para proteger la soberanía alimentaria, el empleo y la economía provincial.

Agricultores y ganaderos de Ávila se movilizarán el viernes 30 de enero con una tractorada por la ciudad para exigir reglas justas, reciprocidad y respeto al sector primario. La protesta se enmarca en las movilizaciones nacionales del campo contra la competencia desleal, la burocracia asfixiante, el aumento de los costes de producción y los acuerdos comerciales injustos, especialmente el acuerdo UE-Mercosur.

Las organizaciones convocantes denuncian la falta de reciprocidad en las importaciones, la permisividad con productos de terceros países que no cumplen los mismos estándares europeos y la presión creciente de normas y costes que ponen en riesgo la viabilidad de las explotaciones y la seguridad alimentaria. Asimismo, reclaman una PAC sin recortes, controles eficaces en frontera y condiciones que garanticen rentabilidad, sanidad animal y futuro para el medio rural.