ASAJA Ávila ha valorado positivamente la aprobación del informe sexenal sobre el lobo ibérico correspondiente al periodo 2019-2024, un documento que certifica el estado de conservación favorable de la especie en las regiones Atlántica y Mediterránea de España y que, a juicio de la organización, confirma lo que llevan años denunciando sobre el terreno.
Desde ASAJA Ávila ven esta noticia una puerta abierta a una gestión más realista y equilibrada del lobo, basada en criterios más técnicos y científicos, y no en decisiones políticas alejadas de la realidad que viven las explotaciones ganaderas.
No obstante, la asociación critica el retraso acumulado en la tramitación del documento por parte del Gobierno, que tenía que haberse gestionado en julio del pasado año. Consideran incomprensible que un informe respaldado por los datos oficiales y elaborado con la participación de las comunidades autónomas haya permanecido bloqueado durante casi un año mientras los ganaderos seguían sufriendo ataques constantes sobre sus explotaciones.
En este sentido, ASAJA Ávila recuerda que el propio informe ratifica una situación que los profesionales del sector vienen denunciando desde hace años: que la población de lobo ha alcanzado un estado de conservación favorable y que, por tanto, resulta necesario adaptar su gestión para hacer compatible la conservación de la especie con la supervivencia de la ganadería extensiva.
La organización agraria lamenta que durante este tiempo el Gobierno haya ignorado las demandas del sector y haya mantenido una política que, a su juicio, ha perjudicado gravemente a miles de explotaciones familiares en todo el país. Los ganaderos no están en contra del lobo, pero no pueden aceptar que se les obligue a soportar en solitario las consecuencias de unas decisiones políticas que no tienen en cuenta la realidad del territorio.
Asimismo, ASAJA Ávila muestra su preocupación por el incremento continuado de los daños provocados por el lobo sobre la ganadería extensiva, un problema que nunca ha dejado de existir en la Comunidad, siendo Ávila la provincia más afectada con datos que, en 2024, dejaron un porcentaje del 25% de cabezas muertas del total de Castilla y León (con 1.525 reses muertas y 37 heridas), seguida de Zamora, con 1.108 animales muertos, y Segovia, con 868 reses.
Igualmente, desde ASAJA Ávila recuerdan que, a día de hoy, todavía existen expedientes pendientes de pago correspondientes a ataques producidos durante el pasado año; indemnizaciones que, además, ni siquiera cubren el 50% de las pérdidas reales. Esto es algo inadmisible, como el hecho de que, en los últimos años, la Junta de Castilla y León califique algunas muertes de ganado como “causa indeterminada” cuando existen daños visibles de ataque por cánidos, lo que conlleva negar las indemnizaciones correspondientes a los ganaderos.
Fuente: ASAJA Ávila
