Las cuatro organizaciones convocantes de las movilizaciones contra el Tratado de Mercosur del pasado 29 de enero —ASAJA Asturias, COAG Asturias, URA y USAGA— exigen la revocación inmediata de todas las multas impuestas por la Delegación del Gobierno en Asturias a los participantes en la concentración de La Franca. Además, anuncian que estudian interponer recursos contencioso-administrativos. Las organizaciones hacen frente común tras comprobar las graves irregularidades en los expedientes sancionadores. Denuncian que la Delegada del Gobierno, Adriana Lastra, utiliza las sanciones para “coartar el derecho de reunión y manifestación, tutelado por la Constitución y por la Ley Orgánica 9/1983”, y a la vez “recaudar fondos para las arcas públicas”.
En las declaraciones que la Sra. Adriana Lastra ha realizado en distintos medios de comunicación, ha afirmado que “cortar autovías como se hizo durante las movilizaciones del pasado mes de enero atenta contra la seguridad de los conductores y que, por tanto, no se está sancionando un derecho constitucional, sino cumpliendo con la legalidad”.
Sin embargo, las organizaciones sostienen que nada más lejos de la realidad, según se desprende de las denuncias de los agentes que constan en los expedientes sancionadores. Tras revisar los documentos, comprobaron que en las notificaciones de multa no se detallaban los hechos imputados. En los expedientes solo figura un escrito de denuncia redactado por los agentes, sin prueba gráfica alguna: ni fotografías de cámaras ubicadas en las inmediaciones de la rotonda de acceso a la autovía ni del propio acceso. Es decir, no existe soporte probatorio de los hechos denunciados.
Lo más grave, señalan, es que todas las denuncias son idénticas, un “copia y pega” en toda regla, y contienen falsedades: se afirma que se dio lectura del acta a los intervinientes, que se entregó copia y que el interesado la rechazó, cuando todas esas aseveraciones son falsas. Además, todos los sancionados fueron identificados entre las 13:00 y las 13:15 horas en el parking del Restaurante La Parra, el lugar autorizado para la concentración, justo cuando se produjo el corte de la autovía. Por tanto, no pudieron participar en el mismo.
Estas incongruencias y defectos de forma demuestran que solo se busca sancionar de forma indiscriminada y cercenar el derecho a manifestarse, denuncian las organizaciones. Por ello, reclaman a la Delegada del Gobierno, Adriana Lastra, la revocación inmediata de todas las multas impuestas a los concentrados en el Hotel La Parra, en La Franca (Ribadedeva), y exigen una reunión urgente para trasladarle el malestar del sector y pedir la retirada de unas sanciones injustas y desproporcionadas.
Asimismo, lamentan la falta de apoyo de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, que participó en las movilizaciones contra Mercosur —incluso con la presencia del Consejero en la manifestación de Oviedo—, pero que no se ha posicionado ante unas multas que califican de totalmente injustas y desproporcionadas.
Por último, frente a quienes reprochan a los convocantes que no defiendan a los sancionados, las cuatro organizaciones recuerdan que, en otras movilizaciones, los asistentes tuvieron que costearse su defensa porque nadie los apoyó. En este caso, aseguran que han puesto sus Servicios Jurídicos a disposición de todos los multados y preparan ya los recursos contencioso-administrativos necesarios para demostrar su inocencia.
