El Parlamento Europeo suprime el único mecanismo de emergencia que permitía frenar el impuesto al carbono sobre los fertilizantes cuando los precios se disparan, y deja al agricultor sin red de protección. La decisión evidencia además una clara incoherencia: mientras el Gobierno de España presenta en el ámbito nacional medidas a corto plazo para aliviar ese coste, sus propios eurodiputados la respaldan en Bruselas. Corto y largo plazo que no casan.
La Comisión de Medio Ambiente, Clima y Seguridad Alimentaria (ENVI) del Parlamento Europeo ha adoptado su informe sobre la revisión del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) y, lejos de reforzar la protección del sector, suprimió el artículo 27a, la única disposición que permitía suspender temporalmente el CBAM sobre los fertilizantes en situaciones de crisis. Desde ASAJA denunciamos una decisión que deja al agricultor completamente expuesto justo cuando los precios se disparan.
Conviene explicar qué es el CBAM: en esencia, un impuesto que la Unión Europea aplica al carbono emitido en la fabricación de determinados productos importados, entre ellos los fertilizantes, para evitar la llamada «fuga de carbono» hacia países con menores exigencias ambientales. El problema es que grava un insumo imprescindible para producir alimentos, y ese sobrecoste la industria lo traslada directamente al agricultor, que acaba pagándolo íntegramente.
La decisión es especialmente grave porque existían soluciones equilibradas que habrían protegido al agricultor sin renunciar a la descarbonización de la industria. Conviene recordar, además, que hace apenas unas semanas el propio Consejo respaldó ese freno de emergencia —pese al voto contrario del Gobierno de España a eliminar el CBAM—, lo que evidencia la incoherencia entre lo que se defiende en Madrid, por parte del Presidente del Gobierno y lo que votan en Bruselas sus eurodiputados. Una incoherencia en la que ASAJA no comparte el alineamiento del Gobierno con la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, en su negativa a suprimir los impuestos que gravan a los fertilizantes.
A diferencia de las ayudas puntuales, el CBAM es un mecanismo permanente cuyos costes seguirán aumentando de forma progresiva hasta 2034. Cuando se alcance ese año, el dinero recaudado equivaldrá al 10 % del presupuesto de la PAC: una factura que asumirán íntegramente los agricultores europeos y españoles.
La votación, no obstante, no es definitiva: el Pleno del Parlamento Europeo tendrá una segunda oportunidad para rectificar. Por ello, desde ASAJA —junto a Copa-Cogeca— pedimos a los eurodiputados que aprovechen esa votación para restituir una salvaguarda creíble y operativa. Y, sobre todo, exigimos ir a la raíz del problema: el CBAM no es más que la consecuencia directa del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (ETS) aplicado a los fertilizantes. Retirar los fertilizantes del ETS eliminaría de forma automática el CBAM y resolvería el problema de fondo.
