Es una nueva imposición del Gobierno de España, de otra norma sin rigor técnico ni científico alguno, que “acredita el desconocimiento absoluto” de la realidad del campo y de las necesidades de las explotaciones por parte de quienes la han redactado
UPA, COAG y ASAJA señalan a la industria y a la gran distribución como los que tienen en su mano pagar un precio justo a los granjeros y piden auxilio al Ministerio de Agricultura.
Un asociado de AVA-ASAJA en Nules denuncia la rotura de una puerta metálica en una caseta y la sustracción de fitosanitarios y utensilios por valor de 4.000 euros
Mañana martes, día 20 de septiembre, comienzan las jornadas informativas convocadas por APAG sobre la reforma de la PAC. la primera reunión tendrá lugarLeer más »Guadalajara. Jornadas informativas sobre la reforma de la política agraria comunitaria- PAC 2023-2027
El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, comparecerá ante los medios para hablar sobre las ayudas por la sequía y la guerra de UcraniaLeer más »El presidente de APAG Extremadura Asaja comparecerá para hablar sobre las ayudas por la sequía y la guerra de Ucrania
La Ley obliga a firmar un contrato por escrito y prohíbe la venta sin precio, a resultas y a precios inferiores a los costes de producción. Todas estas prácticas son denunciables y están penalizadas
ASAJA-Almería reclama echar el freno ante una propuesta que de ejecutarse incumpliría la legislación vigente y provocaría el desabastecimiento.
ASAJA Alicante recuerda que los expertos de la Comisión Central de Explotación del Acueducto recomendaron un envío hasta de 20 hectómetros en septiembre, y considera que la decisión de Teresa Ribera de autorizar únicamente 7,5 hectómetros cúbicos para abastecimiento urbano deja en jaque a la agricultura alicantina, que además tiene que hacer frente a la actual subida de costes y el incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.
La organización profesional agraria insta al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra a que tome medidas con urgencia.
Exige a la Junta de Extremadura que vigile si se cumple la obligación de firmar contratos cuando estos tienen un importe superior a los 2.500 euros, según lo dispuesto en la Ley de Cadena Alimentaria, así como la obligatoriedad del pago a los 30 días que establece la misma ley para el caso de productos perecederos.
