Los países productores de arroz de todo el mundo están mostrando su preocupación por la creciente presión sobre sus sectores nacionales, lo que pone de relieve un desafío global que también afecta de manera significativa a Europa. Ante esta situación, se reclama una respuesta urgente de la Unión Europea para activar mecanismos de salvaguardia que garanticen la supervivencia de un sector histórico en varios Estados miembros.
La información publicada esta semana revela que los responsables políticos estadounidenses han advertido del aumento de las importaciones y de prácticas comerciales desleales por parte de los principales productores internacionales, que están erosionando el mercado nacional del arroz y amenazando la viabilidad de las explotaciones agrícolas, con un incremento de las importaciones de más del 250 % en las últimas dos décadas.
Marruecos también ha iniciado una investigación de salvaguardia tras duplicarse las importaciones en pocos años, causando un grave perjuicio a la producción nacional, mientras que Filipinas ha comenzado a activar medidas de protección ante presiones similares.
Estos movimientos reflejan una tendencia mundial clara: incluso los países productores competitivos se enfrentan a aumentos desestabilizadores de las importaciones y buscan herramientas para garantizar condiciones de mercado justas.
El sector arrocero europeo no es ajeno a esta situación. A través de acuerdos internacionales, la UE concede acceso preferencial a su mercado interior, lo que ha provocado una presión sostenida de las importaciones procedentes de Camboya, Myanmar, India y Tailandia, amenazando a un sector esencial para el empleo rural, la gestión medioambiental y la producción de alimentos sostenibles y de alta calidad.
Antes de la votación del Parlamento Europeo de la próxima semana sobre el Sistema de Preferencias Generalizadas, los productores europeos de arroz reclaman una respuesta equilibrada y proporcionada, apoyando la reducción del umbral de salvaguardia automática acordada en el diálogo tripartito de diciembre de 2025.
El objetivo no es restringir el comercio, sino garantizar que el sector arrocero de la UE pueda seguir desempeñando su papel crucial en el mantenimiento de zonas rurales dinámicas y en la producción alimentaria de alta calidad.
