El presidente de ASAJA Castilla y León, Donaciano Dujo, ha puesto en conocimiento del presidente en funciones de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, la decisión de la empresa AB Azucarera (grupo British Sugar) de no renovar los contratos de remolacha para la campaña 2026/2027 con un número indeterminado de agricultores de la comunidad. Esta medida, inédita en la historia del cultivo, llega el primer año de contratación tras el cierre de las fábricas de Miranda de Ebro (Burgos) y La Bañeza (León).
Con esta decisión unilateral, los productores pierden una opción de cultivo esencial para cumplir con las normas de la PAC —como la diversificación, rotación de cultivos o los eco regímenes—, además de incumplir el compromiso del programa agroambiental firmado en 2023 por un periodo de cinco años.
A ASAJA le consta que la compañía ha informado a la Junta de su decisión, pero la Consejería de Agricultura no se ha pronunciado ni sobre este hecho ni sobre la queja formal presentada semanas atrás por la organización. El argumento verbal de Azucarera es que los agricultores afectados presentan bajos rendimientos por hectárea, y que con los precios actuales —en torno a 36 euros por tonelada— no cubrirían los costes de producción.
ASAJA recuerda que la Ley de la Cadena Alimentaria prohíbe contratos de compraventa si el primer eslabón de la cadena no cubre sus costes. Sin embargo, la mayoría de los cultivadores no cubren esos costes ni siquiera con rendimientos altos, y siembran remolacha porque el beneficio llega a través de las subvenciones de la PAC vinculadas al cultivo. Además, la organización subraya que los bajos rendimientos son consecuencia del propio modelo de “contrato compartido” impuesto por Azucarera, donde el agricultor era un mero trabajador asesorado técnica y agronómicamente por la industria.
ASAJA espera de la Junta un gesto contundente e inmediato que defienda los intereses de los productores, en virtud de sus competencias agrarias y del compromiso público adquirido hace un año de no permitir perjuicios derivados del cierre de las azucareras.
La organización reclama una igualdad de trato para todos los agricultores de Castilla y León, sin discriminación por tamaño de explotación o distancia a los centros fabriles, y exige a la compañía una política de precios acorde con la competencia —ACOR— y nuevas inversiones en su fábrica para realizar las campañas remolacheras en un periodo no superior a noventa días. El alargamiento de la campaña está deteriorando la cantidad y calidad de la remolacha, ocasionando pérdidas a los productores al retrasarse las siembras.
