La organización ha celebrado su Asamblea General con un repaso por los temas más importantes del año agroganadero y forestal de la provincia de Huelva, muy condicionado por las borrascas, la carga administrativa, los incendios, la inflación y la falta de estabilidad para el sector
Huelva, 25 de junio de 2026. Asaja-Huelva ha celebrado hoy su Asamblea General Ordinaria con una agenda marcada por los grandes asuntos que han condicionado la campaña agraria, ganadera y forestal en la provincia, en un ejercicio especialmente complejo por las inclemencias climáticas, la acumulación de expedientes administrativos, la presión de costes, las dificultades laborales, la incertidumbre normativa y los incendios forestales sufridos en el Andévalo.
La organización ha hecho balance de una campaña marcada, en primer lugar, por las borrascas, que han afectado a explotaciones agrícolas y ganaderas, caminos, accesos, infraestructuras, cultivos e instalaciones. Asaja-Huelva ha subrayado que los daños provocados por los temporales han obligado a redoblar esfuerzos tanto a los agricultores y ganaderos afectados como al propio equipo técnico de la organización, que ha tenido que asumir un volumen extraordinario de trabajo para acompañar al sector en la tramitación de las ayudas habilitadas por el Gobierno y la Junta de Andalucía.
En este contexto, Asaja-Huelva ha reclamado que las ayudas por daños climáticos sean rápidas, comprensibles, suficientemente dotadas, con criterios claros y tramitadas sin convertir a agricultores y ganaderos en gestores administrativos de una emergencia. La organización ha advertido de que, cuando una explotación sufre daños por una borrasca, la respuesta de las administraciones no puede perderse en procedimientos farragosos, plazos estrechos, requisitos difíciles de cumplir o convocatorias que terminan dejando fuera a quienes realmente necesitan apoyo.
El presidente de Asaja-Huelva, José Luis García-Palacios Álvarez, ha puesto en valor el esfuerzo realizado por la organización en una campaña especialmente exigente desde el punto de vista técnico y administrativo. En total, los técnicos de Asaja-Huelva han gestionado casi 3.000 expedientes PAC y 1.000 ayudas por borrasca, lo que refleja la dimensión del trabajo desarrollado y la importancia de que las organizaciones agrarias cuenten con recursos suficientes para seguir prestando un servicio eficaz al sector.
La PAC ha vuelto a ser otro de los asuntos centrales de la Asamblea General. Asaja-Huelva ha defendido una simplificación real, plazos razonables y una coordinación más eficaz entre administraciones. La organización ha advertido de que el sector no puede aceptar más exigencias ambientales, más controles, más digitalización y más carga documental si al mismo tiempo se recortan recursos o se diluye la PAC en instrumentos menos específicos dentro del futuro marco financiero europeo.
Para Asaja-Huelva, la PAC debe seguir siendo una política agraria fuerte, reconocible y útil para agricultores y ganaderos, y no una estructura cada vez más compleja, alejada de la realidad de las explotaciones y sometida a una burocracia creciente. La organización ha insistido en que el campo necesita seguridad, estabilidad y reglas claras, no una sucesión permanente de cambios normativos que dificultan la planificación y aumentan la incertidumbre.
Junto a las borrascas y la PAC, la Asamblea General ha abordado también la situación creada tras los incendios sufridos en el Andévalo, que han arrasado miles de hectáreas de enorme valor económico, ambiental y social, fundamentalmente dehesas, explotaciones agroforestales y terrenos vinculados a la ganadería extensiva.
En este punto, el presidente de Asaja-Huelva ha reclamado a las administraciones una respuesta proporcionada a la magnitud del daño sufrido y ha advertido de que la aplicación automática, rígida e indiscriminada de determinadas obligaciones previstas en la normativa forestal podría conducir a una situación “absolutamente injusta, inasumible y contraria al sentido común” para los propietarios afectados.
Asaja-Huelva ha considerado que la Ley de Montes no puede interpretarse de forma que termine convirtiendo a las víctimas del incendio en responsables económicos de una restauración que desborda por completo su capacidad. La organización ha entendido que una cosa es exigir responsabilidades a quien haya provocado un fuego de forma intencionada o por negligencia, y otra muy distinta trasladar a propietarios, agricultores y ganaderos afectados por un incendio sobrevenido la obligación de asumir en solitario los costes de recuperación de miles de hectáreas devastadas.
“Sería un sinsentido que, después de perderlo todo, tanto lo material como los años de trabajo, se pretendiera que los propios afectados cargaran además con una restauración integral del territorio como si hubieran sido responsables del incendio”, ha defendido el presidente de la organización. “La restauración de una dehesa arrasada no puede tratarse como un trámite administrativo ni como una carga ordinaria de la propiedad. Estamos hablando de un ecosistema productivo, ambiental y social construido durante generaciones”.
Por ello, la organización ha insistido en la necesidad de que la zona sea declarada de forma efectiva como Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil y de que esa declaración no se quede en un gesto político, sino que abra la puerta a medidas urgentes, directas y suficientes para los damnificados. Entre ellas, Asaja-Huelva ha reclamado ayudas para alimentación animal, reposición de cerramientos, recuperación de puntos de agua, reparación de caminos y accesos, retirada de restos, restauración de superficies afectadas, apoyo veterinario, reposición de infraestructuras agrarias y ganaderas, y compensación por la pérdida de capacidad productiva.
La organización ha defendido también que cualquier plan de restauración debe contar con la participación real de los propietarios, agricultores, ganaderos, técnicos y expertos que conocen el territorio, por lo que prescindir de ese conocimiento sería un error grave tanto en la fase de emergencia como en la de recuperación.
En este sentido, Asaja-Huelva ha planteado que la provincia necesita una revisión profunda de las políticas forestales y, especialmente, de las ayudas destinadas a prevención, restauración y gestión activa del territorio. La organización ha reclamado líneas eficaces para reforestación, mejora de densidad, regeneración de arbolado, restauración de suelos, mantenimiento de pastos, trabajos selvícolas, creación y conservación de cortafuegos, gestión de combustible vegetal y mejora de infraestructuras preventivas.
Asaja-Huelva ha advertido de que no basta con anunciar dotaciones económicas si esas ayudas no llegan finalmente a los propietarios o si se pierden en procedimientos administrativos farragosos, convocatorias mal diseñadas o requisitos imposibles de cumplir. “Las ayudas a los cortafuegos, a la reforestación o a la mejora de la dehesa tienen que ser eficaces y eficientes. No pueden quedarse en millones presupuestados que nunca alcanzan su destino real. Cuando esas ayudas no llegan, no solo se pierde dinero público: se pierde capacidad de prevención, se pierde actividad económica y se pierde población en el medio rural”.
La Asamblea ha servido también para reivindicar una vez más que la dehesa andaluza necesita una regulación propia. Asaja-Huelva ha considerado que se trata de un ecosistema singular, en el que conviven aprovechamientos forestales, ganaderos, cinegéticos, ambientales y culturales, y que no puede seguir tratándose con herramientas dispersas, insuficientes o pensadas para realidades territoriales distintas.
Para la organización, una Ley de la Dehesa en Andalucía permitiría reconocer su especificidad, ordenar mejor las ayudas, reforzar la investigación aplicada, combatir la seca de la encina y del alcornoque, y garantizar que los propietarios que conservan este paisaje reciban apoyo estable por los servicios ambientales que prestan al conjunto de la sociedad.
La seca de la encina y del alcornoque ha sido otro de los grandes asuntos agroforestales. Asaja-Huelva ha recordado que esta enfermedad compromete la base ecológica y económica de muchas explotaciones y amenaza directamente al porcino ibérico, la ganadería extensiva, el paisaje y la biodiversidad. La organización ha reconocido las líneas de ayuda existentes, pero ha reclamado continuidad, mayor dotación, investigación aplicada y acompañamiento técnico real a los propietarios.
El agua, Doñana y la seguridad hídrica han vuelto a ocupar un lugar central en el análisis de la Asamblea. Asaja-Huelva ha defendido que la mejora coyuntural de las lluvias no resuelve el problema estructural de la provincia, que sigue necesitando planificación, infraestructuras, modernización, control, seguridad jurídica y una política de agua estable. La organización ha insistido en la defensa del agua legal y controlada, en la compatibilidad real entre actividad agraria y conservación de Doñana, y en el rechazo a la criminalización del agricultor que cumple.
Los frutos rojos, como motor agroalimentario de Huelva, también han estado presentes en el análisis de la Asamblea. La organización ha reconocido la dimensión estratégica del sector, pero sin ocultar las dificultades de la campaña: lluvias, viento, irregularidad productiva, presión de costes, competencia exterior y tensiones laborales y comerciales. Asaja-Huelva ha insistido en que Huelva lidera un mercado europeo muy exigente y necesita agua, trabajadores, estabilidad normativa, control de importaciones y reconocimiento institucional.
En materia laboral, la contratación en origen ha sido abordada como una cuestión estratégica para garantizar el desarrollo de las campañas. Asaja-Huelva ha reclamado planificación, coordinación administrativa, seguridad jurídica, trámites más ágiles y corresponsabilidad pública. La organización ha defendido que el sistema debe seguir siendo ordenado, garantista y útil tanto para las empresas como para las personas trabajadoras, pero ha advertido de que no puede dejar toda la responsabilidad sobre el sector productor.
El Convenio Provincial del Campo ha sido otro de los puntos destacados. Asaja-Huelva ha defendido la negociación seria frente a la demagogia, con un mensaje basado en el equilibrio: salarios dignos, derechos laborales, empresas viables y seguridad jurídica. Para la organización, la paz social no se consigue con consignas, sino con acuerdos responsables, cumplimiento normativo y reconocimiento de la realidad productiva de un sector estacional, altamente competitivo y sometido a una presión creciente de costes.
En cuanto al sector ganadero, Asaja-Huelva ha subrayado el valor de un sector que no solo produce alimentos, sino que mantiene el territorio, fija población, reduce combustible vegetal y contribuye de forma directa a la prevención de incendios.
En este ámbito, la organización ha reclamado una política ganadera seria, estable y ambiciosa, con presupuesto efectivo, sanidad animal eficaz, apoyo a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera, indemnizaciones justas, seguros útiles, control de fauna silvestre, fiscalidad adaptada, menos burocracia y medidas reales de relevo generacional. Asaja-Huelva ha advertido especialmente sobre la necesidad de reforzar la vigilancia frente a enfermedades como la peste porcina africana, mejorar el control del jabalí y del cerdo asilvestrado, y proteger el prestigio del porcino ibérico y de la dehesa como modelo productivo diferenciado.
En el ámbito de la innovación, Asaja-Huelva ha destacado su papel como entidad promotora de Doñana Terra Innova, una iniciativa orientada a generar proyectos innovadores y sostenibles que contribuyan a enriquecer el tejido socioeconómico del entorno de Doñana. La organización ha defendido que la innovación debe servir para combatir el estigma que pesa sobre el sector agrario y demostrar que el campo onubense no es un problema para el territorio, sino una parte esencial de su solución.
La competencia exterior, los acuerdos comerciales y la reciprocidad han sido igualmente objeto de análisis. Asaja-Huelva ha reiterado su exigencia de que los productos que entran en el mercado europeo cumplan las mismas reglas sanitarias, fitosanitarias, laborales, ambientales y de bienestar animal que se imponen al productor europeo. “No pedimos proteccionismo; pedimos igualdad de condiciones”, ha defendido la organización.
El informe del secretario general, Félix Sanz, ha permitido además hacer balance del trabajo desarrollado por Asaja-Huelva durante el ejercicio en todas las áreas, que han sido desgranadas para informar a los más de 200 socios que se han dado cita en la FOE para la celebración de la cita anual.
Fuente: ASAJA-HUELVA
