ASAJA de Castilla y León ha valorado positivamente que, por fin, tras años de reclamaciones, el Gobierno ponga medios para endurecer la pena por hurtos en explotaciones agrícolas y ganaderas y frenar la reincidencia. Así lo recoge la Ley Orgánica 1/2026, de 8 de abril, en vigor desde el pasado viernes, que modifica el tratamiento que hasta ahora se daba a estos delitos en el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, introduciendo cambios aplicables a la realidad del campo de Castilla y León, que viene sufriendo año tras año las consecuencias de la delincuencia reiterada.
El cambio principal para el sector agropecuario de Castilla y León es la reforma del artículo 235.1.4º del Código Penal. Hasta ahora, para aplicar el tipo agravado de hurto en explotaciones agrícolas o ganaderas era necesario acreditar la “gravedad del perjuicio”, un requisito subjetivo que generaba litigios y dificultaba la condena. A partir de ahora, cualquier robo superior a 400 euros será automáticamente delito agravado, con penas de hasta 3 años de prisión, sin necesidad de demostrar daños adicionales.
Para ASAJA Castilla y León, esta modificación responde a una reivindicación histórica. Los robos de productos agrícolas, herramientas, maquinaria, gasóleo o instalaciones de riego solían tener escaso valor de reventa pero un altísimo coste de reposición, afectando directamente al desarrollo de las tareas de la explotación.
La reforma introduce también una modificación importante en el artículo 234.2 del Código Penal. Hasta ahora, los hurtos inferiores a 400 euros se castigaban solo con multa, incluso en casos de reiteración. Además, los antecedentes por delitos leves no computaban para apreciar reincidencia. Con la nueva ley, si el autor ha sido condenado al menos por tres delitos de la misma naturaleza (siendo uno leve), la pena pasará a ser prisión de seis meses a dos años. Los antecedentes leves sí computarán.
Esta era una petición constante del sector, planteada repetidamente por ASAJA en las reuniones del equipo ROCA. Las bandas organizadas y delincuentes habituales sabían que las consecuencias jurídicas eran mínimas, convirtiendo estos robos en su medio de vida. El castigo a la reincidencia, junto al cerco a las redes de recaptación mediante controles sobre la venta de chatarra y material de segunda mano, es esencial para proteger el patrimonio rural.
La norma incorpora también medidas que afectan al medio rural en el ámbito del narcotráfico. El nuevo apartado 3 del artículo 255 del Código Penal penaliza el fraude en el suministro eléctrico destinado a plantaciones de drogas, con penas de prisión de seis a dieciocho meses.
Para ASAJA Castilla y León, esta medida contribuye a proteger la integridad del suelo rural y de las explotaciones legítimas, que en ocasiones se ven afectadas por instalaciones clandestinas en terrenos agrícolas o zonas próximas.
También destaca la introducción de un nuevo apartado 3 en el artículo 105 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que reconoce a las entidades locales legitimación para ejercer la acción penal en delitos de hurto. Esto es especialmente relevante en una comunidad con más de 2.200 municipios, primera administración afectada por la delincuencia reiterada.
Pese a los avances, ASAJA recuerda que la ley por sí sola no es suficiente. La aplicación efectiva exige medios judiciales adecuados, coordinación ágil entre Guardia Civil y órganos judiciales, y una respuesta policial reforzada en el ámbito rural. La organización continuará exigiendo recursos para que esta reforma no quede en papel mojado.
Por último, ASAJA advierte que las estadísticas oficiales no reflejan la realidad, porque muchos hurtos no se denuncian por desconfianza o por evitar trámites. En todo caso, aconseja a agricultores y ganaderos denunciar siempre, porque es la única forma de dejar constancia y mejorar la protección del campo y del medio rural.
ASAJA Castilla y León
