José María Castilla Baró, director General de ASAJA
Hay asuntos en los que uno sabe que va a salir trasquilado antes de abrir la boca. El tabaco es uno de ellos. Del consumo se ocupan las autoridades sanitarias, y es lógico que así sea. Yo quiero hablar de otra cosa: de las personas que cultivan la hoja.
Dicho esto, déjenme que les hable de las personas que lo cultivan.
En el norte de Cáceres, entre La Vera y el Campo Arañuelo, alrededor de mil explotaciones cultivan tabaco. Son pequeñas, de unas ocho hectáreas de media, y en su mayoría familiares. De allí sale prácticamente todo el tabaco que se cultiva en España. En Losar de la Vera, según su alcalde, la mayoría de los vecinos vive de él de una forma u otra. El de Talayuela lo resume con una sencillez que desarma: «No hay un cultivo alternativo al tabaco».
Es un cultivo legal, regulado y reconocido por la normativa agraria europea. Se planta con contrato y se vende con factura. La hoja extremeña, además, ya está certificada para su uso en los nuevos productos de tabaco calentado. Y una aclaración, porque se oye a menudo lo contrario: desde 2010 el tabaco no tiene ninguna ayuda acoplada en la PAC, es decir, ninguna ayuda ligada a producirlo. Quien lo cultiva recibe el pago directo, como cualquier otro agricultor, y nada más por el hecho de cultivar tabaco.
Conviene tener otro dato delante antes de opinar. Europa produce menos del 2% del tabaco del mundo y compra fuera más hoja de la que cultiva. Si mañana se dejara de cultivar en La Vera, el consumo no cambiaría por ello. Cambiaría el origen de la hoja, que llegaría de países con exigencias laborales y ambientales distintas de las europeas. Y cambiaría, sobre todo, el futuro de esos pueblos.
Mientras tanto, a estos agricultores se les acumulan las dificultades. Se han restringido productos fitosanitarios esenciales para el cultivo sin que existan todavía alternativas eficaces, y con criterios que no siempre coinciden con los de otros países europeos. Los costes de producción no dejan de subir. Y desde Bruselas llegan varias normas a la vez cuyo efecto sobre el campo conviene medir antes de aprobarlas.
La primera es la reforma de la directiva de fiscalidad del tabaco, que sigue en negociación. Entendemos sus objetivos de salud pública; lo que pedimos es que la hoja en rama, que es una materia prima agrícola, no reciba el mismo tratamiento que una cajetilla. La segunda es la revisión de la directiva de productos del tabaco, que debería medir también su impacto en las zonas productoras. Y la tercera, la reforma de la PAC, donde el tabaco sigue siendo un producto agrícola de pleno derecho, pero sin acceso a los programas que otros sectores utilizan para modernizarse.
Que nadie me malinterprete. Qué se fuma y dónde se fuma lo deciden las autoridades sanitarias y las Cortes, y no es ese nuestro debate. Nadie en La Vera pide que se fume más. Lo que piden es no cargar con la responsabilidad de que otros fumen.
Hay, además, un compromiso que España ya firmó. El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, ratificado en 2005, pide a los Estados que promuevan alternativas económicamente viables para cultivadores y trabajadores. Es decir, que hasta el tratado sanitario más exigente pide que se piense en ellos. Mientras esa alternativa no exista, y en La Vera dicen que no la hay, lo sensato es acompañar a quien cultiva, no ponerle más obstáculos.
Lo que el sector pide cabe en tres líneas y no es ningún privilegio. Que la fiscalidad distinga entre una materia prima agrícola y un producto de consumo. Que sus cooperativas puedan usar las mismas herramientas de modernización, sostenibilidad y trazabilidad que otros cultivos de la PAC; no para producir más, sino para producir mejor. Y que antes de aprobar cada norma se mida qué pasa en los pueblos que viven de esto. Se llama evaluación del impacto rural y no debería ser mucho pedir.
Se puede querer que se fume menos y, a la vez, no dejar atrás a las familias que cultivan la hoja. No hay contradicción. Solo pedimos que, antes de decidir sobre su futuro, alguien vaya a La Vera y les pregunte de qué van a vivir.
José María Castilla Baró, director General de ASAJA
