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Frutas y hortalizas: más seguridad jurídica para los programas operativos

El Consejo de Ministros ha adoptado dos decisiones de calado para el sector agrario: por un lado, la aprobación de un real decreto que modifica diversas normas de las intervenciones sectoriales vitivinícola, apícola y de frutas y hortalizas en el marco del Plan Estratégico de la PAC; por otro, la autorización de tres contratos de modernización de regadíos en las provincias de León y Huesca por más de 84 millones de euros. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a cuya propuesta se han adoptado ambas medidas, las enmarca en el refuerzo de la competitividad y la sostenibilidad del sector.

En el ámbito normativo, el objetivo es garantizar la continuidad de las ayudas del actual periodo (2023-2027) también en 2028, evitando un vacío mientras se define el nuevo marco 2028-2034. En el sector vitivinícola, se incorporan las medidas más urgentes del paquete legislativo del vino de la Unión Europea (Reglamento 2026/471), en vigor desde marzo. La nueva PAC exige que las convocatorias a pagar en 2028 se publiquen con uno o dos años de antelación, por lo que la norma amplía el horizonte de las ayudas más allá de 2027 para aportar seguridad jurídica a los operadores.

Entre las novedades para el vino, se eliminan restricciones en las inversiones en instalaciones de transformación y comercialización, se incluye el enoturismo entre las actuaciones subvencionables y se añade una convocatoria adicional de inversiones para las anualidades 2028 y 2029. La reforma amplía además hasta nueve años consecutivos el apoyo a la promoción de vinos con DOP, IGP e indicación de variedad en terceros países, y refuerza el acceso a la financiación de los pequeños productores. En el sector apícola se prevé la prórroga de su intervención, y en frutas y hortalizas se refuerza la seguridad jurídica de los programas operativos y se actualiza el régimen de indemnizaciones por retiradas de mercado con destino a la distribución gratuita.

En el capítulo de inversiones, las obras autorizadas a la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA) modernizarán 8.816 hectáreas y beneficiarán a 1.672 regantes, sustituyendo los sistemas tradicionales de riego por gravedad por infraestructuras a presión con redes de tuberías, balsas de regulación, filtrado y telecontrol. El programa busca mejorar la eficiencia en el uso del agua y avanzar en la digitalización del sector.

La actuación de mayor envergadura es la del Canal de Villadangos, en León, cuyas fases I y II suman más de 57,6 millones de euros. Modernizarán 5.938 hectáreas y beneficiarán a 1.322 regantes de municipios como Villadangos del Páramo, Chozas de Abajo o Santa Marina del Rey, sustituyendo la red de acequias por una infraestructura presurizada que permitirá un riego a la demanda completamente digitalizado.

En Huesca, la Comunidad de Regantes Collarada 1ª Sección contará con 26,73 millones de euros para modernizar 2.878,6 hectáreas en beneficio de 350 regantes de Robles, Almuniente y Senés de Alcubierre. El proyecto transformará el riego a manta en un riego a la demanda con red de tuberías a presión e incorporará estaciones de bombeo abastecidas mediante instalaciones fotovoltaicas, una apuesta por la energía renovable aplicada al regadío.

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