La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente ha aprobado el informe sexenal sobre el lobo ibérico correspondiente al periodo 2019-2024, un documento que confirma el estado de conservación favorable de la especie en las regiones Atlántica y Mediterránea de España.
El informe deberá ser remitido ahora por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) a la Comisión Europea para su publicación.
El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta de Castilla y León, Joaquín Antonio Pino, ha criticado el retraso de un año en la aprobación del documento y ha reclamado su envío inmediato a Bruselas.
Daños crecientes a la ganadería
Desde Castilla y León se ha subrayado la necesidad de que la gestión del lobo tenga en cuenta la realidad reflejada por el informe y también el impacto sobre la ganadería extensiva.
En 2025, Castilla y León registró 4.474 ataques de lobo a explotaciones ganaderas, con 6.294 cabezas de ganado muertas y otras 585 heridas. Las indemnizaciones abonadas por estos daños superaron los 4 millones de euros.
La Junta advierte de que los daños ocasionados por el lobo siguen aumentando en distintas comunidades autónomas, con incrementos superiores al 10% anual, lo que compromete la viabilidad de numerosas explotaciones y dificulta la convivencia entre conservación y actividad ganadera.
Un informe con un año de retraso
El documento ahora ratificado ya había sido aprobado el 16 de julio de 2025 por la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, con el respaldo de una amplia mayoría de comunidades y ciudades autónomas.
El informe se basa en la información obtenida en el censo nacional coordinado por España entre 2021 y 2024, que localizó 333 manadas de lobo en el país. Esta cifra supone un incremento aproximado del 12% respecto a las 297 manadas registradas en el anterior estudio de 2012-2014.
No se han detectado manadas estables en Aragón ni en Cataluña. La mayor expansión se observa en los bordes del área de distribución estable de la especie, especialmente hacia el este y sureste, en zonas limítrofes de Castilla y León con Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja y País Vasco.
España era hasta ahora el único Estado miembro de la Unión Europea que no había remitido estos informes sexenales, circunstancia que motivó la apertura de un procedimiento sancionador por parte de las instituciones comunitarias.
Fuente: ASAJA CyL
