ASAJA Granada denuncia el distinto tratamiento fiscal que el Gobierno aplica a las ayudas por las borrascas al eximir las estatales del IRPF mientras que las aprobadas por la Junta de Andalucía deberán tributar. Esta decisión resta eficacia a unas ayudas concebidas para reparar daños y recuperar la capacidad productiva de las explotaciones afectadas (más de un tercio retornarían a la Agencia Tributaria) y exige que se corrija una discriminación que perjudica al campo andaluz.
ASAJA Granada denuncia que el Ministerio de Hacienda ha decido no declarar exentas del IRPF las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía para paliar los daños provocados por borrascas, por lo que tributarán conforme al régimen general aplicable a las subvenciones y ayudas públicas.
Esta decisión contrasta con el tratamiento fiscal otorgado por el propio Gobierno a las ayudas extraordinarias aprobadas por el Ministerio de Agricultura en el marco del Real Decreto-ley 5/2026 para los afectados por el tren de borrascas en Andalucía y Extremadura. En su desarrollo más reciente, el Ejecutivo ha blindado estas ayudas mediante la Orden APA/530/2026, de 29 de mayo, al amparo de la consideración del episodio como desastre natural, lo que permite aplicar el régimen de neutralidad fiscal previsto en la norma. De este modo, las ayudas estatales quedan exentas de IRPF y del Impuesto sobre Sociedades, de manera que los beneficiarios perciben íntegramente los importes concedidos sin incremento de su tributación.
La consecuencia es que miles de productores andaluces deberán integrar estas ayudas en su declaración del IRPF y tributar por ellas, a pesar de que su finalidad no es generar beneficios ni incrementar la renta de los beneficiarios, sino compensar pérdidas y permitir la recuperación de explotaciones agrarias gravemente afectadas por las inclemencias meteorológicas.
Según los cálculos de la Consejería de Agricultura, las ayudas directas movilizadas por la Junta de Andalucía para agricultores, ganaderos (y pescadores) afectados por el tren de borrascas superan los 700 millones de euros. Aplicando los tipos efectivos de tributación que oscilan entre el 25% y el 45% con una tributación media estimada del 33%, más de 200 millones (más de un tercio) podrían acabar retornando a la Agencia Tributaria, en lugar de destinarse íntegramente a la recuperación de la actividad productiva.
ASAJA Granada considera incomprensible que dos líneas de ayudas públicas destinadas a compensar los daños ocasionados por una misma catástrofe reciban un tratamiento fiscal diferente en función de la administración que las concede. Esta diferencia de trato supone un agravio comparativo para los agricultores y ganaderos granadinos y andaluces y, por ello reclama al Ministerio de Hacienda que apruebe de forma urgente una exención fiscal para las ayudas autonómicas, equiparándolas al tratamiento que el propio Estado ha aplicado a las ayudas estatales derivadas del Real Decreto-ley 5/2026.
Fuente: ASAJA Granada
