ASAJA Cataluña ha presentado hoy los resultados de un estudio económico que analiza las consecuencias de la reducción de la jornada laboral impulsada por el Ministerio de Trabajo. El análisis revela que la aplicación de esta medida tendría un impacto negativo directo sobre la campaña de recolección de fruta dulce, provocando un aumento significativo de los costes laborales y comprometen la viabilidad económica de muchas explotaciones agrarias.
El estudio se basa en los datos de contratación de la campaña de la fruta en Lleida durante el 2024, cuando se necesitaron más de 29.000 trabajadores en los meses de máxima actividad, gestionando un total de 88.000 nóminas durante toda la temporada. Con la modificación de la jornada semanal de 40 horas a 37,5 horas, la reducción de 2,5 horas por trabajador se convertiría en horas extraordinarias, con un coste superior.
Según las cifras recogidas por ASAJA, este cambio representaría un incremento de 162,5 € mensuales por trabajador, resultando de una retribución de horas extras de 14 €/hora y de un aumento en las cotizaciones a la Seguridad Social. Para el conjunto del sector, este sobrecoste elevaría los costes de producción en más de 15 millones de euros solo por la reducción horaria. Además, si se aplica la subida del salario mínimo interprofesional, el sobrecoste global superará los 25 millones de euros para la próxima campaña de la fruta dulce.
Una decisión unilateral que pone en peligro el sector
Según ha explicado Pere Roqué, presidente de ASAJA Cataluña, “desde ASAJA, consideramos un despropósito la aplicación por decreto de la reducción de la jornada laboral de 40 horas a 37,5 y la subida del salario mínimo interprofesional sin ninguna voluntad de diálogo con el sector alimentario. Esta decisión se ha tomado de manera unilateral, sin contar con las organizaciones agrarias ni con el sector empresarial.”
Roqué ha criticado duramente la decisión del Ministerio de Trabajo: "La ministra Yolanda Díaz aplica por real decreto medidas que sabe que son contraproducentes y que van en contra del sector productivo de fruta dulce, la agricultura y la ganadería de este país."
Pérdida de producción y derroche alimentario
ASAJA alerta que la reducción de jornada laboral, combinada con las recomendaciones para evitar los golpes de calor, provocará que los viernes a las 10:00 h se tenga que dejar de recolectar, con la consecuente pérdida de producción y derroche alimentario.
El argumento del Gobierno que las empresas tendrían que contratar más trabajadores para compensar la reducción de horas es inviable, puesto que actualmente el sector sufre una grave carencia de mano de obra. De hecho, la Secretaría de Estado de Inmigración ha tenido que autorizar nuevos convenios de contratación en origen porque no hay suficientes temporeros locales para cubrir las necesidades del sector.
Un incremento de costes insostenible
Con el incremento de costes previsto, el coste de producción pasará de los 42 céntimos actuales por kilo a 48-49 céntimos por kilo, reduciendo todavía más los márgenes de los productores. ASAJA recuerda que, en muchos casos, los precios de liquidación de la fruta dulce ya son muy ajustados y no permiten absorber estos incrementos sin consecuencias graves para los productores.
Según Roqué, "Si esta medida sale adelante sin ninguna modificación, el sector se verá obligado a repercutir estos costes en el precio final de la fruta, con una subida que puede superar el 25%."
ASAJA exige una excepción para el sector agrario
Ante este escenario, ASAJA Cataluña pedirá en el Gobierno y a los grupos políticos que el sector agroalimentario quede exento de la reducción de jornada laboral, igual que se ha planteado por otros sectores como el turístico.
Según Roqué, "No entendemos por qué sectores como el turismo han recibido excepciones y el sector agroalimentario, que es esencial, no puede tener el mismo tratamiento. La fruta no puede esperar, no podemos parar la cosecha los viernes por la mañana ni soportar este sobrecoste sin ningún tipo de compensación."
ASAJA presentará esta semana el informe a los partidos políticos a Madrid para presionar para que el sector agrario quede exento de esta normativa.
Fuente: Asaja Cataluña
