El objetivo que se persigue es que las administraciones implicadas autoricen productos fitosanitarios para tratar de forma rentable y eficiente las plagas y enfermedades más comunes, evitando cuantiosas pérdidas de cosecha en cantidad y calidad, como ha ocurrido este año por los ataques de oídio a la planta.
Los lupuleros se enfrentan a este problema por tratarse de un cultivo de los denominados “menores”, para los que no hay respuestas rápidas por parte de las multinacionales de los agroquímicos, al no ser tan rentable la puesta en el mercado de productos nuevos que sustituyan a los que se retiran por ser potencialmente más peligrosos.
Por otra parte, los representantes de los agricultores han hecho un llamamiento a las empresas que comercializan el lúpulo para que revisen al alza los precios de los contratos, compensando los mayores costes, y que se comprometan en su política comercial a medio y largo plazo para dar certidumbre al sector.
Las organizaciones agrarias quedan a disposición del Ministerio de Agricultura y de la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León para abordar esta cuestión, y en este sentido han solicitado la creación de un grupo de trabajo técnico que presida el Ministerio por ser en el que recaen las mayores competencias en esta materia.
Fuente: Asaja León
