Representantes del Grupo parlamentario de Podemos acusaron, de formal demencial, a la Delegada del Gobierno y a la Guardia Civil de presiona y coacciona r a los puestos de compra de uva y aceituna de rebusco.
APAG EXTREMADURA ASAJA recuerda que el rebusco de uva y aceituna, siendo un práctica absolutamente legal y, en consecuencia, amparable, es, además, una práctica que, en su ejercicio, tiene unos límites y que esos límites, que están claramente fijados por las leyes, han de ser siempre respetados.
APAG EXTREMADURA ASAJA recuerda, igualmente, que, en torno al rebusco, se desarrollan una serie de actividades, vinculadas con el transporte, el almacenamiento y la transformación de la uva y aceituna rebuscada y con la trazabilidad, comercialización, etc. de los productos resultantes de dicha transformación, que, con la finalidad fundamental de garantizar la seguridad alimentaria y, en consecuencia, la salud y el bienestar de todos los ciudadanos, se encuentran rigurosamente reguladas por las normativas.
APAG EXTREMADURA ASAJA recuerda, también, que es, precisamente, a la Delegación del Gobierno, a través de la Guardia Civil, y a la Junta de Extremadura, a través, fundamentalmente, de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, que poco está haciendo al respecto, a las que corresponde vigilar para que esos límites no sean nunca vulnerados y para que esa rigurosa normativa, en beneficio de todos, sea escrupulosamente cumplida.
En Tal sentido, todos deberíamos felicitar a la Delegación del Gobierno, a la Guardia Civil y a todos aquellos que, como el alcalde de Almendralejo, se empeñan, a diario, con no siempre con los medios suficientes pero si con mucha dedicación y profesionalidad, sin tan quisiera llegar a alcanzar los objetivos deseados, en garantizar el cumplimiento de las leyes que a todos nos amparan y que entre todos nos hemos dados, persiguiendo cualquier conducta que, en la práctica del propio rebusco o en torno al él, supongan una vulneración de tales normas.
La Guardia Civil, y la Junta de Extremadura a igual que el propio portavoz socialista de la Asamblea de Extremadura o la propia Delegada del Gobierno, están para hacer cumplir la Ley y cualquiera de ellos incurriría en un manifiesto delito de dejación de funciones si así no lo hiciera.
A tales efectos, proponer que la Delegada del Gobierno y que la Guardia Civil, como parece plantear Valentín García, se mantengan ciegas ante el incumplimiento, tremendamente lucrativo para unos cuantos, de las normas que regulan el rebusco y las actividades paralelas a él, o acusarles de coacciones o presiones, como hace PODEMOS, son, además de unas absolutas aberraciones, en sí mismo, delito.
Las declaraciones y acusaciones que se han escuchado en la Asamblea de Extremadura, abochornan a cualquier persona con un mínimo de sentido común y deben ser, en consecuencia, retiradas pues son un absoluto desprecio hacia el imperio de la Ley y hacia el estado de derecho que, con mucho esfuerzo, esta sociedad ha conseguido afianzar tras casi cuarenta años de democracia.
