Las recientes multas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a varias empresas lácteas españolas por prácticas anticompetitivas para repartirse el mercado de aprovisionamiento de leche e imponer precios a la baja a los ganaderos ha puesto en evidencia la grave situación que viene padeciendo el sector desde el año 2000 hasta hoy, perdiéndose por el camino una media de tres explotaciones diarias.
La peor crisis de la historia del sector productor de leche en Granada fue la del año 2012 (y antes en 2009 en que se vivieron movilizaciones a nivel nacional y europeo por los bajos precios y elevados costes y, en Granada, además, los ganaderos que suministraban a Dhul ni siquiera cobraban sus entregas.) El precio de la leche se había entonces estancado entre 0,27 euros/litro y 0,31 euros/litro mientras los costes de producción se situaban entre los 0,34 euros/litro y los 0,38 euros/litro. En un acto de desesperación, los productores hicieron público un comunicado denunciando la perversa realidad del monopolio de la industria láctea que generaba alteraciones en los precios rompiendo el equilibrio entre las partes y dejándoles completamente indefensos. El precio de la leche consiguió después mejores cotas alcanzando en junio de 2014 los 0,398 euros/litro aunque de nuevo ha intervenido la industria con pactos unilaterales que han colocado el litro a 0,34 euros, lo que supone, tan solo en esta última campaña 2014-2015, pérdidas de casi 2.000.000 de euros para las cuarenta explotaciones que aún quedan en nuestra provincia.
Desde ASAJA GRANADA apoyamos esta medida disciplinaria a las marcas infractoras y cárteles que forman entre ellas para manipular el mercado lácteo, según ha probado la CNMC, pero la solución está en lograr la total transparencia del mercado y en que el ganadero tenga libertad para fijar precios y poder decidir a quien vende. La aprobación por parte del Gobierno del nuevo “paquete lácteo” va en la correcta dirección en cuanto a su espíritu y cambios en materia de relaciones contractuales: contratos de duración de un año, precios fijos o referenciados a una fuente pública, la prohibición de bonificaciones o depreciaciones que no figuren en ellos, la incorporación de adendas de mutuo acuerdo, la figura de mediador, entre otras, claro que será necesario que haya una vigilancia de las medidas que contiene, por parte de la Administración, para su eficaz cumplimiento.
