ASAJA-Almeria llevó a cabo durante la tarde de ayer una reunión en Campohermoso para analizar la propuesta planteada por los responsables de la planta de Cespa en Níjar, y pudo constatar que los agricultores no están satisfechos con este nuevo modelo que contempla subidas importantes en el precio y monopoliza la gestión y el transporte de los restos vegetales. Asimismo reclaman alternativas y soluciones inmediatas a esta situación ante la que las Administraciones son complacientes. Y es que los agricultores que no pasen por el aro deberán recorrer unos 40 km para llevarlos a la planta autorizada más cercana con el consiguiente perjuicio económico que ello conlleva.
Recordemos que el pasado lunes durante la reunión del Consejo Sectorial Agrario de Níjar la empresa propuso un cambio en el modelo de gestión aludiendo a un problema de escasa entrada de restos vegetales a la planta, lo cual los agricultores no entienden, sobre todo “cuando incluso uno de los problemas llegada la finalización de la campaña era precisamente que debían limitar la entrada por la gran cantidad de restos vegetales que debían procesar”, expresaron algunos agricultores asistentes.
ASAJA explicó que tal y como han manifestado representantes de la planta, para poder acceder y entregar los restos vegetales será requisito indispensable la firma de un acuerdo o contrato entre las partes, y según se anunció, los precios variarían en función de cada cliente e incluso de cada transportista, propuesta a la que ASAJA ha mostrado sus reticencias ya que podría crear diferencias entre agricultores. “De repente se va a producir un nuevo cambio en las tarifas a aplicar para poder entregar los restos vegetales. No sabemos los criterios que se van a seguir en dichos acuerdos, las tarifas y condiciones de los mismos. Además se le ha pedido a la empresa la apertura de la planta en tanto dan forma al nuevo sistema de gestión, algo que ha sido negado rotundamente”, ha afirmado Ángel López, director técnico de ASAJA.
En opinión de ASAJA lo que ha quedado de manifiesto, y así fue expresado por los agricultores asistentes, una vez más “es la nefasta gestión privada y la falta de alternativas a una situación monopolística que va a repercutir en el bolsillo de los agricultores”, manifestó Francisco Vargas, Presidente de ASAJA-Almería.
Respecto a otra de las propuestas que siempre se ponen en la mesa, la imposición de una tasa al agricultor, el Presidente de ASAJA recordó que “nos seguimos oponiendo rotundamente y además, según la normativa vigente sería ilegal”.
ASAJA recuerda que el agricultor, como responsable de los restos que genera la cosecha, está obligado por la normativa impuesta por la Administración competente, la Junta de Andalucía, a llevar a cabo la eliminación de los restos vegetales que se generan a través de métodos autorizados, creándose la figura del gestor. Éste último cobra al agricultor por este servicio, que tal y como se ha demostrado en las distintas plantas, no ha estado exento de polémicas en relación al tratamiento que se da a estos restos y que en el caso de la comarca de Níjar los agricultores sólo cuentan con un único centro autorizado, la planta de Cespa.
En ASAJA entendemos que se trata de una actividad empresarial privada, pero lo que no aceptamos es que se intente sacar partido a una posición dominante para imponer al agricultor, que necesita de ese servicio, el cómo, el dónde, el cuándo y cuánto. Por eso lamentamos que la Delegación de Agricultura opte por lavarse las manos y no defender los intereses generales de los usuarios, es decir, de los agricultores. “La Administración, que es la que obliga a usar plantas de este tipo, cuando otorga una autorización debería vigilar las actuaciones y velar por garantizar que los agricultores pueden cumplir con las exigencias de la normativa y no dejarlos a su suerte. Consideramos que su actuación debería ser más contundente”.
ASAJA continúa apelando a la necesidad urgente de que TODAS las Administraciones trabajen por proporcionar a los agricultores de diferentes alternativas que eviten situaciones de dominio como la que desde hace años vienen padeciendo los agricultores de esta comarca, que en estos momentos son rehenes de un negocio privado para una obligación de carácter público.
