APAG EXTREMADURA ASAJA quiere denunciar las quejas que viene recibiendo de una gran mayoría de agricultores y ganaderos que muestran su indignación ante el gran abuso que supone el servicio de Guardería Rural implantando en la mayor parte de ayuntamientos de la provincia de Badajoz, absolutamente ineficaces con respecto a su supuesto fin con el que se crearon: la prestación de vigilancia en las fincas ante la falta de seguridad.
Esta organización agraria viene trabajando desde hace ya meses para que no se aprueben por parte de las entidades locales más tasas abusivas con la intención de cubrir un servicio que se ha demostrado ineficaz y que sólo sirve para recaudar más impuestos a los agricultores y ganaderos.
El problema fundamental es que el servicio de vigilancia, cuando se produce, se realiza en horario de mañana, que es precisamente cuando los propietarios se encuentran en sus fincas y, por lo tanto, durante esas horas no se producen los robos. Otra cuestión sería si se establecieran unos horarios más adecuados, sobre todo por la tarde y por la noche, que es cuando se producen la gran mayoría de hurtos y daños.
Pero es que además las personas encargadas de prestar este servicio no tienen medios materiales para llevarlo a cabo; es decir, no disponen de métodos ni instrumentos necesarios para enfrentarse a los ladrones, además de no estar especializados para dicho trabajo.
Por otra parte, el precio que se cobra a los propietarios es completamente abusivo, desigual de unas poblaciones a otras, sin ningún tipo de control ni justificación y, por supuesto, desproporcionado e injustificado para la labor que realmente prestan. Más bien, estas tarifas parece que la ponen los alcaldes para obtener partidas económicas que sirven para cubrir otro tipo de servicios municipales y no precisamente para vigilar los campos.
Las quejas de los propietarios, que nunca han pedido que se les preste este servicio sino que se los han impuesto por la fuerza, han llegado ya a tal extremo que la indignación es evidente, teniendo en cuenta además la situación económica de las producciones lo que menos precisa en estos momentos es precisamente que se graven con más tasas, porque los bolsillos de los agricultores y ganaderos ya se encuentran lo suficientemente dañados como para encima que se siga abusando de ellos por parte de los políticos.
Como ejemplo de ello ponemos el caso del Ayuntamiento de Puebla de Alcocer, que cobra dos euros por hectárea a cada propietario anualmente, a lo que hay que sumar otros tres euros por cada recibido que se emite dos veces al año.
De esta manera, y antes de abordar ya la problemática por la vía judicial –cuyo estudio está realizando nuestro equipo jurídico- exigimos a los ayuntamientos implicados (insistimos en que la inmensa mayoría de los de la provincia de Badajoz) que eliminen de una vez por todas esta tasa, por ser injusta, ineficaz y que sólo busca el afán recaudatorio en unos tiempos ya de por sí complicados para el mundo agrario.
