ASAJA traslada a los ministros de Agricultura y Justicia sus propuestas para endurecer las penas del código penal sobre robos

Dos personas fallecidas (un vigilante en Cheste (Valencia) hace pocos días y un pastor en Cinco Casas (Ciudad Real) en diciembre de 2011) miles de robos y actos vandálicos llevados a cabo en todo el territorio nacional y pérdidas de muy difícil cuantificación pero que ascienden a millones de euros si tenemos en cuenta no solo el material robado (vehículos, maquinaria, aperos, bombas de riego, motores, transformadores, gasóleo, herramientas, plantones, cosechas enteras, ganado, etc.) sino también los daños y destrozos causados en las explotaciones asaltadas y el consiguiente retraso en las labores agrícolas hasta que se repone lo robado. Esta es la radiografía de lo que está ocurriendo desde hace ya varios años en ámbito rural.

 

Las fincas y las explotaciones agrarias son asaltadas con total impunidad debido a la insuficiente vigilancia existente en las zonas rurales y a la laxitud de un Código Penal que en su actual reforma debe ser corregido y modificado para acabar con graves deficiencias que hoy por hoy tiene.

 

ASAJA va a pedir al ministro Gallardón que se agraven las penas, catalogando de delitos lo que ahora son faltas de hurto, con independencia de su cuantía económica, pero teniendo en cuenta no solo el valor de lo robado sino también los daños colaterales (tiempo y costes de reparación, horas pérdidas, etc.). También demandamos una respuesta efectiva a la multirreincidencia para evitar que individuos con decenas de robos queden libres.

 

Otra de las medidas que tienen que desarrollar las distintas administraciones es el control exhaustivo, vía inspecciones, de los posibles puntos de destino de los materiales robados (desguaces, chatarrerías, mercadillos o cualquier establecimiento donde se sospeche que se puedan vender objetos robados) y el control en aduanas de la salida de material robado hacia otros países.

 

Por último, ASAJA también reclama una intensificación de la vigilancia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en especial en los periodos especialmente conflictivos (noches, fines de semana, y festivos) así como una mayor coordinación entre los entes públicos (Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local) y los entes privados (guardas de cotos, guardas rurales y forestales) que también realizan tareas de vigilancia en el campo.