Los viticultores asociados a APAG EXTREMADURA ASAJA han mostrado su completa insatisfacción con las conclusiones aportadas recientemente por el Grupo de Alto Nivel Europeo (GAN), que congrega a autoridades de los Estados Miembros, representantes del sector y observadores del Parlamento Europeo y Croacia.
A pesar de que este estudio muestra algunos aspectos positivos y es algo más flexible al planteamiento inicial, como el reconocimiento de que una liberalización absoluta llevaría a la ruina absoluta el sector. Manuel Laparra, presidente de esta organización agraria, considera que este nuevo sistema resulta muy escaso en sus planteamientos y no aboga abiertamente por un mecanismo que se asemeje al control actual que regula el cultivo del vino, que ha demostrado su eficacia.
Por eso, precisamente, no entendemos cómo si el sistema vigente ha logrado, en líneas generales, el sostenimiento de las zonas vitícolas, sobre todo en Extremadura, se intenta ahora cambiar una regulación que no necesita ningún tipo de cambio porque ha demostrado ser un modelo productivo puntero y que se encuentra completamente estabilizado. “La incoherencia es absoluta y puede tener como resultado que se haga tambalear las bases de un sector muy productivo”, recalca Laparra.
En este sentido, hay que recordar que en el periodo 2008-2011, se destinó un presupuesto económico importante, ante la alta oferta existente en el sector, para que muchos titulares de viñedos abandonaran definitivamente sus producciones, arrancándose hasta 90.000 viñas en todo el país, cuestión que choca con las perspectivas actuales de producir de forma indiscriminada.
De ahí que reivindiquemos que todas las administraciones públicas, empezando por el Ministerio de Agricultura, mantengan una postura firme, a favor de la continuidad del sistema actual, y sobre todo presionen en la medida de sus posibilidades hasta el final de las negociaciones.
APAG EXTREMADURA ASAJA también considera clave que en los nuevos planteamientos tenga el mayor peso posible los productores europeos y no, como parece hasta el momento, la mayor parte de los industriales cuyas tesis provocarían un auténtico desastre en el sector del vino.
En caso contrario, un sistema de liberalización total del sector conllevaría, de forma irremediable, un desmantelamiento de proporciones incalculables para unas explotaciones vitivinícolas que aportan empleo y sostenibilidad a las zonas rurales extremeñas, desmantelando el tejido agroindustriales de las zonas más productivas de la región.
Además, tendría unas consecuencias dramáticas para el consumidor par el desequilibrio que se produciría entre la oferta y la demanda del vino y también de cara a los precios de la uva. De otro lado, el actual sistema ha aumentado la eficacia en la competitividad de los vinos europeos frente al mercado de los terceros países. “Se está dando la impresión de que se está dejando pasar el tiempo y no se está poniendo todo el empeño posible para defender a los viticultores extremeños”, critica Laparra.
