El Ministerio de Agricultura ha cumplido con el trámite. Antes del 30 de junio, tal y como establece el Real Decreto 1045/2022, ha presentado un análisis sobre el funcionamiento del sistema de derechos individuales de la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad (ABRS). Pero lo ha hecho sin alma, sin ambición y, lo que es peor, sin diálogo real con el sector agrario.
El documento, que debía sentar las bases para decidir si continuar o no con el sistema de derechos tras alcanzar la convergencia plena en 2029, se limita a describir el estado actual del sistema y a posponer cualquier decisión a la espera de la futura PAC post-2027. Una forma elegante de no mojarse.
En lugar de aprovechar la ocasión para abrir un debate público, técnico y sectorial sobre qué modelo de agricultura queremos construir, se ha optado por una aproximación tecnocrática, donde lo que importan son los datos administrativos, no las vidas que hay detrás. Apenas se vislumbra una reflexión estratégica sobre el modelo agrario que necesita España en los próximos años. Y eso, en un momento tan delicado como el actual, es grave.
Porque el sistema de derechos no es una cuestión menor: condiciona la estructura productiva, el acceso a la tierra, el relevo generacional y la rentabilidad de miles de explotaciones. Y, sin embargo, el análisis pasa de puntillas por cuestiones como el mercado de la tierra o los efectos del sistema sobre los pequeños agricultores. Menciona factores sociales y económicos, sí, pero sin profundizar ni proponer.
¿Dónde está la consulta al sector? ¿Dónde está la visión de futuro? ¿Dónde se recoge la voz de los jóvenes agricultores que intentan incorporarse en condiciones cada vez más difíciles? En ninguna parte. El Ministerio ha decidido esperar a que Bruselas hable, cuando lo que toca es liderar un planteamiento nacional con visión propia.
El resultado es un documento que, siendo exhaustivo en cifras, resulta completamente insuficiente en estrategia. Un texto que habla del equilibrio presupuestario pero no de justicia social; que menciona la convergencia de valores sin preguntarse para qué o a quién beneficia; que calcula derechos, pero ignora derechos humanos: el derecho a producir, a vivir del campo, a planificar con certezas.
Se nos dice que todo dependerá del modelo regional que se adopte en la próxima reforma. Pero ¿por qué no discutir desde ya si ese modelo debe mantenerse o si, por el contrario, es hora de apostar por una simplificación real, por una ayuda desacoplada de los derechos que no perpetúe las desigualdades históricas entre territorios?
Lo cierto es que se ha perdido una ocasión única para pensar en el campo con altura de miras. Para escuchar a quienes viven de él. Para reconocer que el futuro no puede diseñarse desde un despacho en Madrid sin contar con las explotaciones de Cuenca, Huelva o Teruel.
Esta falta de compromiso con el debate público sobre la arquitectura de las ayudas deja una sensación de desencanto. No porque falten datos, sino porque sobra distancia entre la administración y la realidad del agricultor. Y porque el silencio institucional en temas clave —el acceso a la tierra, el relevo generacional, la figura del agricultor activo— solo puede interpretarse como una renuncia a liderar el cambio.
Si queremos una PAC útil, justa y preparada para los retos que vienen, no podemos seguir escondiéndonos detrás de informes técnicos. Necesitamos política con mayúsculas. Y esta, lamentablemente, ha sido una oportunidad perdida.
Firma: Agustín Miranda
