Los defensores del acuerdo entre la UE y Mercosur citan la protección de las indicaciones geográficas (IG) europeas como uno de los principales beneficios para el sector agrícola y agroalimentario europeo.
Sin embargo, ahora debemos cuestionar el valor real de esta protección. En virtud del acuerdo firmado entre Estados Unidos y Argentina, Washington ha obtenido el reconocimiento de estos mismos nombres como términos «genéricos» en el mercado argentino. En la práctica, esto impide a Argentina restringir la entrada de productos estadounidenses basándose en el uso de esos nombres, lo que abre la puerta a imitaciones de especialidades europeas.
Entonces, ¿Qué valor tiene la protección de las IG prevista en el acuerdo UE‑Mercosur si acuerdos bilaterales paralelos pueden neutralizarla?
El argumento de que esto ocurre porque la Unión Europea tarda en ratificar formalmente el acuerdo es falaz. La legislación europea permite a la Comisión Europea aplicar el acuerdo de forma provisional tan pronto como un país del Mercosur lo haya ratificado. La presidenta Ursula von der Leyen aún no se ha pronunciado debido a la decisión del Parlamento Europeo de remitir el asunto al Tribunal de Justicia, aunque su voluntad parece clara. El problema es Argentina, que entre la firma y la ratificación no ha dudado en incumplir su compromiso con la UE para cerrar un acuerdo con Estados Unidos.
Las indicaciones geográficas no son simples etiquetas comerciales. Son instrumentos jurídicos que garantizan calidad, identidad territorial, biodiversidad y cohesión social. Protegen modelos agrícolas basados en la sostenibilidad, el cumplimiento de normas sociales y conocimientos técnicos centenarios. Cuando estos nombres pasan a considerarse genéricos, se debilitan sistemas de producción enteros y el valor se desplaza de las zonas rurales y productores auténticos hacia la reproducción industrial y los mercados globales.
La Comisión Europea ha presentado repetidamente el acuerdo con Mercosur como un éxito estratégico para defender la excelencia europea. Pero si uno de los principales signatarios puede desmantelar la aplicabilidad práctica de la protección de las IG mediante concesiones comerciales separadas, el acuerdo corre el riesgo de convertirse no en un escudo, sino en una vulnerabilidad. La Unión Europea debe responder.
Fuente: Farm Europe