La subvención extra que se perseguía para el olivar en pendiente no supondrá pérdidas ya que en el anterior periodo ni siquiera se recibía. ¿La Ley del Olivar no debería paliar esta carencia? En cuanto a las ayudas al desarrollo rural lamentamos que se hayan rebajado las pretensiones iniciales pero confiamos en que se pueda compensar la merma del presupuesto asignado con posibles trasferencias de otras comunidades que no gasten el suyo o mediante un coeficiente corrector que está ya establecido. Además queda por saber la parte de los fondos que le corresponderá a Andalucía del Programa Nacional de Desarrollo Rural.
ASAJA GRANADA valora positivamente el acuerdo alcanzado por la Conferencia Sectorial entre el Ministerio de Agricultura y las Comunidades Autónomas sobre el reparto de los fondos de la Política Agraria Común (PAC) al entender que permitirá a Andalucía conservar un nivel similar de ayudas directas a las recibidas hasta ahora (alrededor de 1.600 millones de euros). La distribución por provincias aún no se ha concretado pero Granada podría perder como mucho un 1%, es decir, 1,5 millones de euros de los 150 millones con que cuenta actualmente, en ningún caso perdería los 60 millones de euros anunciados. Puede incluso que con el establecimiento de 22 a 24 regiones agronómicas en lugar de las 42 propuestas inicialmente se beneficie del trasvase de fondos entre territorios y agricultores y tienda a converger hacia arriba para equilibrarse con las demás provincias de España con lo que compensaría las cifras globales menoscabadas. Otra cosa es a nivel individual de cada agricultor y ganadero que saldrá beneficiado o perjudicado dependiendo de la comarca en que se integre su explotación y de sus producciones. Esto no puede saberse actualmente pues no responde a un patrón homogéneo y todos los datos sobre el nuevo sistema no se conocerán hasta que 2015 que empezará a aplicarse.
La ayuda extra solicitada para el olivar en pendiente y no conseguida finalmente dentro de los llamados pagos acoplados[1] (destinados a sectores sometidos a graves riesgos de reducción de su producción o incluso de abandono y con importantes repercusiones socioeconómicas o medioambientales) no puede meterse en el saco de pérdidas ni alimentar el catastrofismo, tal y como está haciendo la Junta de Andalucía. En el periodo anterior el olivar en pendiente tampoco recibía pagos directos por lo que no se puede hacer comparativa. Ciertamente se trata de un cultivo cuya viabilidad está en peligro por su difícil mecanización y altos costes de producción, que requiere por tanto de un apoyo específico. La Ley del Olivar debería paliar esta carencia y despertar del letargo en que quedó tras su publicación en marzo de 2012.
Las ayudas al desarrollo rural efectivamente se han reducido un 2,8%, han pasado de 2.117 millones de euros a 1.906 millones, es decir, 211 millones menos. A pesar de ello, confiamos en que se pueda compensar la merma del presupuesto asignado con posibles transferencias de otras comunidades que no gasten el suyo o mediante un coeficiente corrector que se ha introducido en el acuerdo. También hay que tener en cuenta que queda por saber la parte de los fondos que le corresponderá a Andalucía del Programa Nacional de Desarrollo Rural. El verdadero problema es que dentro del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía (que incluye medidas como Inversiones no Productivas, Restauración forestal, Infraestructuras agrarias y forestales, Utilización de servicios de asesoramiento, etc.., además de otras cofinanciadas, como son el Cese anticipado de la actividad agraria, la Modernización de explotaciones agrarias, la Primera instalación jóvenes agricultores o las Ayudas Agroambientales) se ejecute todo el presupuesto y no suceda como en el marco actual (2007-2013) que ha dejado pendiente el 40% de los 2.117 millones de euros con los que contaba Andalucía.
Lo primordial es que el nuevo modelo consagra la comarcalización de las ayudas frente a la tasa plana para todos los cultivos y con ello el mantenimiento de la diversidad productiva de Andalucía, consolida, asimismo, el concepto de “agricultura y ganadería activa” como hecho generador del acceso a la ayuda comunitaria y fija, en definitiva, un marco estable para desarrollar la actividad agraria hasta el año 2020.
[1] Los pagos acoplados se han destinado a la actividad ganadera y el mantenimiento de la cabaña fundamentalmente (un 80% de los 585 millones de euros de estos pagos) y, además, al cultivo de la remolacha, el arroz, el tomate, los frutos de cáscara, los cultivos proteicos y las legumbres de calidad. En 2016 se podrán revisa los sectores en riesgo necesitados de estos pagos adicionales.
