La sobrepoblación de especies como el conejo y el jabalí vuelve a poner sobre la mesa una realidad que el sector agrario lleva años denunciando: los daños en las explotaciones no dejan de aumentar mientras las soluciones siguen sin llegar con la agilidad y eficacia necesarias.
Los datos lo avalan. Según la Fundación Artemisan, solo en 2024 los daños provocados por fauna silvestre afectaron a más de 26.000 hectáreas, con pérdidas económicas que alcanzaron los 1,8 millones de euros. A ello se suma el impacto del jabalí en la seguridad vial, con más de 15.000 accidentes registrados.
Desde la propia Fundación Artemisan y WWF coinciden en que se trata de un problema complejo, pero con consecuencias muy concretas sobre el terreno. En el caso del conejo, WWF habla de una situación “paradójica”: mientras sus poblaciones caen en zonas de monte, en áreas agrícolas se concentran y generan graves perjuicios para los agricultores.
Este desequilibrio responde, según los análisis, a la transformación del territorio, con un paso hacia modelos agrícolas más intensivos, el aumento del regadío y la proliferación de infraestructuras que, en la práctica, actúan como refugio para estas especies y dificultan su control.
Por su parte, el crecimiento del jabalí —que se ha multiplicado hasta un 550 % en las últimas décadas, alcanzando cerca de dos millones de ejemplares— agrava aún más la situación, tanto por los daños directos en cultivos como por los riesgos sanitarios y de seguridad.
Desde ASAJA se viene advirtiendo de esta problemática desde hace años, reclamando medidas urgentes que permitan controlar las poblaciones y proteger la viabilidad de las explotaciones. En este sentido, los planteamientos de la Fundación Artemisan, que abogan por una gestión más activa y flexible de la caza, coinciden con las demandas del sector.
Frente a ello, WWF pone el foco en actuaciones estructurales a largo plazo, como la mejora de hábitats o cambios en las políticas agrarias, lo que evidencia que no existe una solución única.
En cualquier caso, lo que sí es evidente es que el problema ya está teniendo un impacto directo sobre el campo. Y, como viene insistiendo ASAJA, no actuar con rapidez solo agravará una situación que amenaza tanto la rentabilidad de las explotaciones como el equilibrio del medio rural.
