Firma Juan José Álvarez Alcalde, secretario de Organización de ASAJA
El reciente rechazo en el Congreso a la reducción de la jornada laboral, por parte de Junts, PP y Vox, supone un respiro para el sector agrario. No porque el campo se oponga a mejorar las condiciones de los trabajadores —al contrario— sino porque esta medida, tal y como se plantea, es inviable para la realidad de la agricultura y la ganadería en España.
A diferencia de otros sectores, la actividad agraria está sujeta a factores naturales que no entienden de relojes. El clima, las estaciones o el ciclo de los cultivos y del ganado marcan el ritmo del trabajo diario. Reducir la jornada sin tener en cuenta esta especificidad equivale a imponer una rigidez incompatible con las necesidades productivas.
A ello se suma un problema estructural que preocupa cada vez más: la falta de mano de obra. Incorporar trabajadores al campo es una tarea compleja en las campañas agrícolas y en las explotaciones ganaderas. Con una jornada más corta, la única salida sería contratar más personal, algo inviable si no hay disponibilidad de trabajadores.
El impacto económico sería igualmente grave. Menos horas efectivas de trabajo implican un incremento directo de los costes laborales, que se sumarían a los ya elevados gastos en salarios, cotizaciones sociales, energía, fertilizantes o maquinaria. En un sector con márgenes cada vez más estrechos, ese sobrecoste pondría en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones familiares. Y lo que ocurre en el campo acaba teniendo efectos en la cesta de la compra de todos los ciudadanos.
Desde ASAJA defendemos que sean los convenios colectivos, a través del diálogo entre representantes de empleadores y trabajadores, los que determinen las condiciones laborales en el sector agrario. Solo así se pueden encontrar fórmulas equilibradas que protejan derechos y, al mismo tiempo, permitan mantener la competitividad y la sostenibilidad de las explotaciones.
El campo necesita medidas que lo impulsen, no que lo sobrecarguen. La reducción de la jornada, si no se adapta a su realidad, amenaza con agravar problemas ya existentes como la falta de relevo generacional o el cierre de explotaciones. Por eso celebramos que los grupos parlamentarios hayan reflexionado y votado en contra de una propuesta que, en su diseño actual, suponía un riesgo evidente para la viabilidad del sector.
