Firma: Ramón Solanilla, secretario general de ASAJA Aragón
Como secretario general de ASAJA Aragón, quiero denunciar con absoluta claridad la actitud de la Comisión Europea, que de cara a la opinión pública se presenta como defensora del campo, pero que, llegada la hora de decidir, actúa en contra de los intereses de los agricultores y ganaderos europeos.
El acuerdo con Mercosur es el ejemplo más evidente. Se nos promete que habrá cláusulas de reciprocidad, pero todos sabemos que no se van a cumplir por motivos diversos conocidos por los representantes políticos. Los expertos en economía, por ejemplo, ya advierten que estas cláusulas “están adaptadas a los riesgos fitosanitarios de Europa, por lo que exigirlo a países con otras condiciones y sistemas de producción agrícola es desproporcionado e injustificado según el derecho internacional”. Esta cuestión no aparece en titulares de ninguna noticia relacionada con Mercosur y es uno de los puntos de origen para que el tratado nos perjudique en territorios como Aragón.
A ello unir lo que ya venimos denunciando desde el inicio: los países de Mercosur tampoco aplican las mismas normas de seguridad alimentaria, ni de sostenibilidad medioambiental, ni de bienestar animal, y sus costes laborales son mucho más bajos. Resaltar que estas cuestiones no solo afectan al sector primario sino a todos los sectores de la economía y que nos recuerda el refranero popular: “cuando las barbas de tu vecino veas pelar…”. Mientras tanto, aquí en Europa, no dejamos de repetir que los agricultores y ganaderos estamos obligados a cumplir exigencias cada vez más duras y costosas. ¿Cómo vamos a competir en igualdad de condiciones? La respuesta es clara: no podemos. Esta competencia desleal es la que la Comisión está dispuesta a aceptar desde el inicio de la negociación. Importantes economistas y expertos del sector europeos lo advierten desde hace tiempo.
Un hecho enormemente relevante que queda en la oscuridad de la firma de este tratado: el 5 de septiembre la Comisión Europea presentaba al Consejo su propuesta de firma y conclusión del acuerdo de asociación UE–Mercosur. La validación, por parte de los comisarios europeos, es el primer paso antes de someter este tratado de libre comercio a los Estados miembros y a los eurodiputados en los próximos meses. Pero hay una trampa velada en este proceso. No serán los parlamentos de cada país los que ratifiquen el acuerdo; será directamente el Parlamento Europeo, ya con la posición marcada y clara, quien dé el sí a Mercosur.
Mientras tanto países como Polonia o Francia son muy beligerantes contra el acuerdo y la defensa de la soberanía alimentaria europea frente a las palabras de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, quien afirma que “se trata de un acuerdo beneficioso para todas las partes, con ventajas significativas para los consumidores y las empresas de ambos continentes”. Frase que enerva al sector que ve el futuro en gris con este acuerdo que permitirá exportar desde Europa más automóviles, maquinaria y bebidas alcohólicas a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. A cambio, permitirá la entrada de carne, azúcar, arroz, miel o soja latinoamericanos, debilitando nuestro sector.
Todos conocemos la posición del Gobierno de España, la de total apoyo al acuerdo. Desde el Ministerio del ramo se habla de “beneficios para el sector”, algo incomprensible.
Lo mismo ocurre con los aranceles con Estados Unidos. Europa hace concesiones en sectores clave, pero nuestros productos siguen encontrándose con enormes trabas en el mercado norteamericano. Una vez más, el campo europeo se convierte en moneda de cambio en las negociaciones internacionales.
Y con China, la incoherencia es todavía más evidente: dependencia comercial creciente, importaciones masivas sin garantías de reciprocidad y una ausencia total de medidas para proteger a los productores europeos. La Comisión Europea, en vez de reforzar la agricultura y la ganadería como sector estratégico, las debilita y las relega a un segundo plano.
Quiero decirlo alto y claro: que todas las familias políticas forman parte de la Comisión Europea y son los responsables de la situación. Todos ellos, sin excepción, utilizan al campo como escaparate en campaña electoral, pero cuando llega la hora de la verdad, con sus decisiones tomadas y acuerdos alcanzados, el sector nos sentimos vendidos y traicionados.
Desde ASAJA Aragón exigimos que se detenga esta política suicida que pone en riesgo la soberanía alimentaria de Europa y que se deje de engañar a la sociedad con discursos vacíos sobre sostenibilidad y apoyo al medio rural. La realidad es que, con cada decisión que toman en Bruselas, nos empujan a la ruina y condenan a la agricultura y la ganadería europea a la desaparición.
El campo no puede seguir siendo moneda de cambio. En nombre de ASAJA Aragón, decir que no nos vamos a callar. Sin agricultores y ganaderos no hay futuro para Europa.