En la reunión de la comisión liquidadora de las cámaras agrarias celebrada el 13 de diciembre del 2011 se acordó reconocer la deuda a favor de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía por importe de 1.359.264, 62 euros y a su vez se acordó atribuir la tercera parte indivisa de las sedes provinciales de las cámaras provinciales. Todo ello con el voto en contra de ASAJA ANDALUCIA.
En la reunión de diciembre, la comisión liquidadora formada mayoritariamente por personal de la administración, salvo tres representantes de las OPAS, acordó que se procediera a la enajenación de los inmuebles para poder pagar las indemnizaciones que correspondían en relación al personal despedido.
No obstante, la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía adelantó el dinero de las Indemnizaciones, por lo que se ha generado una deuda de 1.359.264.62 euros. Lo que la Administración pretende es que las tres organizaciones agrarias se adjudiquen los bienes de las cámaras y asuman esa deuda, de la que es acreedora la administración.
Los problemas que se plantean son dos: por una parte, que se adjudica a dichas organizaciones agrarias los inmuebles en proindiviso, y a partes iguales, sin tener en cuenta la representatividad de cada una de ellas en los distintos ámbitos en los que actúan. Y por otra parte, el que se aproveche la ocasión para organizar un acto público simbólico de entrega de llaves de las Cámaras Agrarias a las organizaciones agrarias, sin la previa adquisición de la propiedad de los inmuebles. Asaja se opone y cuenta con el dictamen del catedrático de Derecho Civil y miembro del Consejo Consultivo de Andalucía, Ángel López López.
Por ello, Asaja ha interpuesto un Recurso Contencioso Administrativo, y ha solicitado unas medidas cautelares, en el sentido de dejar sin efecto la Resolución de 17 de Enero de 2012 de la Consejera de Agricultura y Pesca, por la que se aprueban los acuerdos adoptados por la comisión liquidadora de las Cámaras Agrarias andaluzas.
Tal como ha ocurrido en el resto de España y como recoge la jurisprudencia y el propio Tribunal Constitucional, el patrimonio de las extintas Cámaras Agrarias debe liquidarse de manera individualizada, Cámara a Cámara, de acuerdo con la concreción del interés general agrario y con la normativa sobre liquidación del patrimonio de Corporaciones públicas contenida en el artículo 39 del Código Civil, y no en bloque y mediante la atribución por terceras partes indivisas de los bienes muebles e inmuebles de las Cámaras Agrarias provinciales, como pretende hacer la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía
Por otra parte ASAJA CORDOBA ha solicitado aclaraciones respecto a “todos” los bienes inmuebles propiedad de las cámaras en Córdoba. Existe un piso y una nave industrial de los cuales no se sabe quién tiene ahora las llaves, ya que esas llaves no se entregaran hoy. Las que si se han “entregado”, con asombro del inquilino, son las de otro piso, en el que se ha presentado esta mañana a las 9:15 el Delegado provincial de Agricultura, junto a los representantes de UPA y COAG y han realizado un recorrido por el inmueble.
