“Parece que Hacienda ha adelantado por el arcén a Agricultura, y ha aprovechado el retraso del desarrollo de la Ley Agraria para que el Gobierno regional dé paso a la venta de estas fincas por el sistema de subastas, que sin duda encarecerá la tierra y además obligará a los agricultores profesionales a competir con otros posibles compradores ajenos al sector”, subraya ASAJA. La organización agraria recalca que la superficie que saldrá a subasta “no es nada desdeñable, ya que en las nuevas concentraciones y en las reconcentraciones parcelarias la Junta detrae a cada propietario un porcentaje mucho mayor del que se necesita para el trazado de caminos y desagües”.
ASAJA califica como “lamentable que Agricultura detraiga de los propietarios un porcentaje elevado de sus tierras para después acumularlo al patrimonio de la Junta, y posteriormente venderlo al mejor postor”. Asistimos, si esto es así, a una confiscación de los bienes agrarios justificada por el afán cortoplacista de “hacer caja”. Por el camino, en estas subastas, se dispararán los precios de mercado y se sentará referencia para operaciones posteriores, produciéndose un recalentamiento del mercado de la tierra que redundará en unos menores márgenes del agricultor, al tener que hacer frente a mayores cuotas en las amortizaciones y en las rentas.
Habiendo nacido con un consenso casi absoluto, como nació en su día la Ley Agraria, es lamentable que vaya a finalizar la legislatura sin completar su desarrollo, y más lamentable que la primera en dinamitarla sea la propia Junta, eso sí, desde la consejería de Hacienda. “Esa promesa que habían hecho a los jóvenes de procurarle tierra en mejores condiciones para cimentar sus explotaciones, se ha transformado en la invitación a una subasta en la que únicamente tienen cabida los que puedan ir con una buena chequera”, concluye ASAJA.
