ASAJA dice que no contempla la realidad leonesa porque los ayuntamientos de la provincia de León, con carácter general, no son propietarios de terrenos de pastos, ya que los terrenos públicos de naturaleza rústica o forestal son propiedad, en prácticamente su totalidad, de las entidades locales menores, es decir, de las juntas vecinales, que a su vez los ceden a los ganaderos, para su uso, bajo diversas fórmulas (arrendamiento, aprovechamiento vecinal, subasta pública,). Salvo mejor criterio, ASAJA no ve, en el contenido de la Orden AGR/1358/2023, ninguna posibilidad de que la entidad solicitante sea una junta vecinal.
Por todo ello, ASAJA de León pide a la Junta de Castilla y León una rectificación en la Orden que hoy publica el BOCYL de forma que los beneficiarios de las ayudas para la instalación de balsas ganaderas sean tanto los ayuntamientos como las juntas vecinales. ASAJA está en condiciones de afirmar que la provincia de León, en cualquier caso, se va a beneficiar en poco o en nada de estas ayudas.
Por otra parte, ASAJA ve serias dificultades para que las entidades locales consigan los permisos para realizar este tipo de infraestructuras, sobre todo por las trabas que habitualmente ponen tanto la Consejería de Medio Ambiente como las confederaciones hidrográficas (Confederación Hidrográfica del Duero, C.H. Miño-Sil y CH del Norte). Por eso, ASAJA pide que se articule un mecanismo de coordinación en el ámbito provincial, en el que estén presentes las confederaciones hidrográficas, la Delegación de la Junta y la Diputación, para abordar todos y cada uno de los casos que se presenten.
Fuente: Asaja León
