Llama la atención el hecho de que entre los que votaron en contra se encontraba Suecia, que ha rechazado así la propuesta de planteamiento general de su propia Presidencia.
Además, destacados académicos han comentado que la propia ley se basa incorrectamente en el artículo 192.1 del TFUE, en lugar del artículo 192.2, que se refiere a las medidas que afectan al uso del suelo, la gestión de los recursos hídricos y la ordenación del territorio. De este modo, se modifica fundamentalmente la base jurídica de esta ley y su posterior tramitación en el Consejo.
A pesar de las señales procedentes de las capitales de los Estados miembros de que debería haber un aplazamiento y una posible reevaluación de la propuesta y sus procedimientos, se ha ejercido una enorme presión, tanto de la Comision europea como de ONGs para que se alcanzara un acuerdo en el Consejo antes del final de la Presidencia y poder finalizarlo antes de terminar los mandatos de la Comisión Europea y del Parlamento, tal y como pidió también el Comisario Sinkevičius.
Por ello, esperamos que el Parlamento Europeo apoye la propuesta de rechazo de la ley en la Comisión de Medio Ambiente del 27 de junio y, posteriormente, en el Pleno de julio, de acuerdo con las demandas de los sectores agrícola, forestal y pesquero la propuesta sea devuelta a la Comisión y se realice de nuevo la evaluación de impacto y se llegue a una conclusión más realista y racional sobre la fijación de objetivos.
