Agricultores y ganaderos de la provincia de Ávila saldrán a la calle el próximo viernes 30 de enero, con una tractorada que comenzará a las 11:00 horas y partirá desde San Vicente, para recorrer varias calles de la ciudad hasta finalizar frente a la Subdelegación del Gobierno. El objetivo es exigir a las administraciones y a la Unión Europea reglas justas, reciprocidad y respeto al sector primario.
Esta movilización se enmarca en las protestas que se están desarrollando en España desde el lunes 26 de enero y que se mantendrán hasta el 30 de enero, con el jueves 29 como jornada central, en defensa del futuro del campo y de la alimentación europea.
La Alianza UPA-COAG, ASAJA y UCCL impulsan en Ávila estas movilizaciones frente al acuerdo UE-Mercosur, por la falta de garantías presupuestarias, el incremento inasumible de los costes de producción y una burocracia asfixiante que pone en jaque al sector y acaba repercutiendo directamente en los consumidores.
Las movilizaciones del campo no son un gesto contra Europa ni contra el comercio internacional. Son una llamada firme, clara y legítima para denunciar que no se puede legislar de espaldas a agricultores y ganaderos, ni convertirlos en la variable de ajuste de decisiones políticas, comerciales o geopolíticas que siempre acaban pagando los mismos.
Uno de los principales motivos de esta movilización es el rechazo frontal al acuerdo con Mercosur, un ejemplo claro de comercio sin reciprocidad. La entrada de productos agrícolas y ganaderos procedentes de terceros países, producidos bajo normas sanitarias, fitosanitarias, laborales y medioambientales mucho más laxas que las exigidas en Europa, supone una competencia desleal inasumible. Eso no es libre comercio: es poner en riesgo la viabilidad del campo europeo y la seguridad alimentaria de los consumidores.
El sector no se opone a los acuerdos comerciales; al contrario: sí a los acuerdos, pero con condiciones justas. El reciente acuerdo con India demuestra que otra política comercial es posible cuando se escuchan las demandas del sector: los productos más sensibles han quedado fuera gracias a la presión de agricultores y ganaderos. Ese es el camino: abrir mercados sin sacrificar sectores estratégicos.
Los agricultores y ganaderos exigen además reciprocidad real y controles eficaces en frontera. No es aceptable que se prohíban sustancias y prácticas a los productores europeos mientras se permiten en productos importados. Las mismas reglas deben aplicarse a todos, con controles reales, no simbólicos.
A todo ello se suma una burocracia asfixiante, que obliga al agricultor europeo a pasar más tiempo entre papeles que trabajando en el campo. Normas complejas, cambios constantes y exigencias alejadas de la realidad productiva están poniendo en riesgo miles de explotaciones, por lo que se exige menos burocracia y más sentido común.
Asimismo, se defiende y exige un presupuesto agrario sin recortes, en términos constantes, dentro del Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea. Por ello, las organizaciones se oponen a la propuesta de la PAC 2027-2033, al considerar que no prioriza ni al agricultor ni al ganadero profesional, y defienden los dos pilares actuales de la PAC: ayudas directas y desarrollo rural.
Igualmente, los costes de producción disparados —energía, fertilizantes, fitosanitarios, piensos o mano de obra— hacen inviable la actividad cuando los precios en origen no cubren costes. No se puede hablar de sostenibilidad ni de futuro si no hay rentabilidad.
El campo también denuncia el impacto de la guerra de Ucrania y de una globalización mal gestionada, que ha alterado mercados y flujos comerciales sin que el sector haya contado con una red de seguridad suficiente, asumiendo una vez más el golpe el productor.
La sanidad animal es otra línea roja. Europa impone exigencias máximas a sus ganaderos, pero permite la entrada de productos o animales de terceros países sin las mismas garantías, poniendo en riesgo explotaciones enteras. La sanidad animal no es negociable.
Tampoco se olvidan las exigencias en materia de inversiones para la modernización de explotaciones en la provincia, ni la defensa del sector ganadero frente a la fauna salvaje, que afecta de manera especial al territorio. Es el caso del lobo, que provoca pérdidas de alrededor de 10 millones de euros en Castilla y León y más de 3 millones en la provincia de Ávila, sin olvidar los daños causados por jabalíes o plagas de conejos.
En definitiva, el mensaje del campo es claro: el sector quiere producir, exportar y competir, pero con reglas justas. No se piden privilegios, sino coherencia, reciprocidad y que Europa escuche al campo, porque sin agricultores y ganaderos no hay soberanía alimentaria, no hay mundo rural y no hay futuro.
Desde las tres organizaciones se pide a todo el campo que se una a esta reivindicación para exigir equidad, y se apela al reciente ejemplo ocurrido en Bruselas, relativo a la paralización del acuerdo, como demostración de que la unión y la insistencia pueden conseguir los objetivos propuestos.
Fuente: Asaja Ávila