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El campo granadino secunda el paro agrario y exige soluciones frente a la escalada de los costes de producción y la sequía

En estos últimos meses, muchos los factores han empeorado el contexto en el que se desarrolla la actividad agraria. El más lesivo y preocupante es la escalada de costes de producción que soportan agricultores y ganaderos como consecuencia del encarecimiento desproporcionado de los insumos (semillas, abonos…), el incremento continuo del precio de la energía y del gasóleo, además de unos costes laborales cada  vez más elevados que asfixian a los productores y abocan al cierre a miles de explotaciones agrícolas. Y para colmo, la peor sequía en los últimos veinte años, que redondea lo que es una tormenta perfecta.

Los agricultores y ganaderos demostraron durante la pandemia que el sector agrario proporciona un servicio esencial para el abastecimiento de alimentos a los hogares y quieren decirle de nuevo a la sociedad que no lo olvide, que no se les puede marginar  tal y como se está haciendo, desde todos los frentes, con recortes de las ayudas de la PAC, con una reforma laboral hecha de espaldas al campo, con subidas salariales inasumibles y con inundación de productos de terceros países que no cumplen con los estándares de producción exigidos en la UE.

El campo granadino pide a todos los agricultores y ganaderos de la provincia que se unan para sumar fuerzas con el fin de conseguir las medidas necesarias para paliar la grave situación que atraviesa el sector y se reconozca su actividad como se merece. Las demandas son comunes y las hacemos al unísono: corrección del Plan Estratégico de la PAC, un plan de choque que ponga coto al incremento de los costes o al menos contribuya a paliarlos, una revisión de los acuerdos comerciales para exigir la reciprocidad en las producciones de terceros países y el incremento de las medidas de control en frontera; adecuar la legislación y los costes laborales a la realidad del campo puesta en marcha de la Cadena Alimentaria para que se garanticen unos precios justos, una política hídrica real y consensuada, acompañada de ayudas e inversiones que permitan paliar los efectos de la sequía y, por último, respeto al mundo rural.

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