Este 15 de octubre se ha publicado el Real Decreto 916/2025, de 14 de octubre, por el que se modifican diversos reales decretos en materia de Política Agrícola Común (PAC). En uno de sus apartados se establece que “los beneficiarios de las ayudas directas de la PAC y de intervenciones en desarrollo rural, deben de aportar a la autoridad competente, cuando lo requiera, documentación que acredite el derecho al uso de las parcelas”. La autoridad competente hará un control reforzado de la documentación.
En una provincia como León, donde los agricultores profesionales cultivan en arrendamiento más del 70% de la superficie de la explotación —porcentaje que se eleva al 100% en el caso de los jóvenes—, la mayoría de los acuerdos con particulares son verbales, pues ni los propietarios de las parcelas quieren firmar contratos escritos, ni la Ley de Arrendamientos Rústicos les obliga. Por otro lado, una gran parte de los propietarios no aceptan el pago por transferencia u otro sistema que deje constancia.
ASAJA es partidaria de la formalización de contratos rústicos por escrito, sujetos a la Ley de Arrendamientos Rústicos, pero el sector no tiene mecanismos para cambiar la voluntad de los propietarios de tierras, que en muchos casos son familiares o personas unidas por amistad. Es la Administración del Estado la única con capacidad legal e inspectora para obligar a que se generalicen los contratos por escrito, dando seguridad jurídica a las partes y transparencia fiscal a las operaciones.
Esta falta de transparencia en los arrendamientos rústicos es más flagrante en las zonas de la provincia no concentradas, con tierras marginales y pastos, donde el minifundismo es mayor y, además, las fincas son de menores dimensiones —a veces ínfimas—. En estos casos, el agricultor o ganadero tiene que aceptar las condiciones que impone el propietario, ya que en caso contrario no hay acuerdo y se quedan sin cultivar.
Este cambio normativo, lejos de mejorar la situación, puede aumentar los conflictos entre arrendadores y arrendatarios y conllevar falta de acuerdos, dejando más fincas abandonadas en las zonas agrícolamente más marginales de la provincia. Además, como consecuencia de controles administrativos en los que no se acredite el arrendamiento, el agricultor se verá penalizado en un porcentaje de las ayudas de la PAC que le pudieran corresponder.
Fuente: ASAJA León
