Hay algo casi enternecedor —si no fuera tan serio— en la capacidad de Bruselas para proclamar la simplificación mientras diseña sistemas que ni sus propios auditores ven claros. La futura Política Agrícola Común (PAC) 2028-2034 promete ser un nuevo ejemplo de este viejo vicio comunitario: buenas intenciones, arquitectura compleja y consecuencias muy reales para quien vive del campo.
No lo dice el sector agrario, que lleva años advirtiendo de retrasos, incertidumbre y exceso de burocracia. Lo dicen los auditores europeos, en un dictamen que debería leerse con atención en despachos ministeriales y comunitarios. Según el análisis del Tribunal de Cuentas de la UE, los mecanismos de planificación propuestos y la nueva arquitectura jurídica pueden reducir la previsibilidad y retrasar la entrega de fondos. Traducido al lenguaje de la tierra: ayudas que llegan tarde y decisiones que se toman a ciegas.
La paradoja es evidente. Se habla de dar más flexibilidad a los Estados miembros, pero sin un marco claro esa flexibilidad corre el riesgo de convertirse en desigualdad. Agricultores compitiendo en un mismo mercado interior, pero con reglas prácticas distintas según el país, el calendario administrativo o el grado de “deberes hechos” por cada administración. No es exactamente la idea de competencia justa con la que se construyó la PAC. Si a esta situación se suma además la presión de las importaciones procedentes de terceros países que no cumplen los mismos estándares, el resultado es un escenario de competencia desleal que deja al sector agrario en clara desventaja tanto dentro como fuera de la Unión Europea.
A esta ecuación se suma otro factor inquietante: la incertidumbre presupuestaria. El importe final de la PAC solo se conocerá tras la aprobación de los planes nacionales dentro de un fondo único. Para un agricultor o ganadero, planificar inversiones, cultivos o relevo generacional sin saber con qué apoyo contará es poco menos que jugar a la ruleta. Y no precisamente a la rusa burocrática, sino a la económica.
El problema no es menor si se tiene en cuenta que la propia Comisión plantea para el periodo 2028-2034 un presupuesto agrario sensiblemente inferior al de 2021-2027. Menos fondos, más complejidad y mayores exigencias: una combinación que no suele acabar bien en ningún sector productivo, y menos aún en uno tan estratégico como el agrario.
Los auditores son claros cuando advierten de que esta complejidad puede socavar el objetivo de simplificación. Dicho de otro modo: se promete simplificar y se entrega un manual de instrucciones más grueso. Y cuando eso ocurre, el coste no lo paga la institución que diseña el sistema, sino el agricultor que espera cobrar, el ganadero que necesita liquidez y, en última instancia, el consumidor que depende de un sistema alimentario estable.
Desde ASAJA lo venimos diciendo con insistencia: sin reglas claras y pagos a tiempo no hay renta agraria, y sin renta agraria no hay soberanía alimentaria. Europa puede permitirse muchos debates, pero no el lujo de poner en riesgo su capacidad de producir alimentos por un exceso de ingeniería administrativa.
Quizá haya llegado el momento de que, antes de diseñar la próxima PAC, alguien en Bruselas haga un ejercicio sencillo: imaginar que la explotación depende de ese pago que llega —o no llega— y que el tractor no entiende de hitos, objetivos ni fondos únicos. Solo de fechas, números y sentido común.