La propuesta del Marco Financiero Plurianual debilita los pilares comunes de la Política Agrícola Común.
Se abandona la priorización del crecimiento sostenible de la productividad y se diluye la orientación al mercado.
Sin una «línea roja» clara que unifique los objetivos, la PAC corre el riesgo de perder coherencia y liderazgo en la UE.
ASAJA valora el plan de Mañueco y exige ayudas directas inmediatas para ganaderos y agricultores afectados.
La organización defiende un enfoque integral: ganadería, apicultura, agricultura y frutales, con mención a la pérdida de castaños y daños en cereal.
Pide incluir al sector en la ayuda de 5.500 €, agilizar el suministro de agua y alimentos, declarar zona catastrófica con ventajas fiscales (IRPF 2025) y priorizar la reconstrucción de vallados y mangas.
ASAJA Asturias reclama una partida inmediata para que los ganaderos puedan comprar forraje tras perder pastos por los incendios.
Pide simplificar la acreditación de fuerza mayor y que no haya penalizaciones en las ayudas de la PAC por superficie afectada.
Exige más limpieza y desbroce de montes y reconoce la implicación de los ganaderos en la extinción.
El campo arde no solo en verano: también bajo el fuego invisible del abandono político.
Décadas de dejadez han llevado a que España lidere el abandono de explotaciones en Europa, dejando pueblos vacíos, cultivos perdidos y relevo generacional inexistente.
Agricultores y ganaderos no piden caridad: exigen justicia, soberanía alimentaria y visión de Estado para garantizar la supervivencia de toda la sociedad.
La última negociación entre la Comisión Europea y Donald Trump ha dejado un sabor agridulce.
Bruselas aceptó un aumento del arancel básico del 4,8 % al 15 % para las exportaciones europeas, a cambio de una rebaja parcial en automóviles, productos farmacéuticos y aeronáutica, y de mantener intactas las normas comunitarias en agricultura, alimentación e impuestos digitales.
Sin embargo, la lectura estadounidense es distinta: los aranceles más altos, como el 27,5 % a los coches europeos o el 50 % al acero y al aluminio, siguen vigentes, y solo la industria aeroespacial ha quedado exenta.
ASAJA CLM pide a la Consejería financiar todas las vacunas y reforzar ayudas frente a la lengua azul.
Se reclama información directa por serotipos, posible vacunación obligatoria y desinsectación antes del frío ante un vector al alza y pérdidas crecientes.
Confirmada la recirculación 2025–2026 y casos en Toledo y Ciudad Real con serotipos 1, 3 y 8; se investigan fallos de eficacia, especialmente en el serotipo 3.
China ha autorizado la importación de cereza española, tras completar el registro de establecimientos exportadores.
El protocolo, con vigencia de tres años, exige control oficial en el procesado, empaquetado y transporte de la fruta.
La cereza se suma a otros productos ya presentes en el mercado chino, que en 2024 importó de España por valor de 1.864 millones de euros.
La Comisión Europea da luz verde a la modificación del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 solicitada por España.
Entre las novedades se incluye el reconocimiento de los sistemas agrovoltaicos y ajustes en los ecorregímenes, como la eliminación de la exigencia del 20 % de cubierta vegetal en cultivos leñosos y la fijación de un 7 % único en biodiversidad para explotaciones mixtas.
Los cambios entrarán en vigor el 16 de octubre de 2025, de cara a la solicitud de ayudas PAC 2026, e incorporan también ajustes financieros y sectoriales en frutas, hortalizas y vino.
Menos uva y más costes en la DOCA Rioja obligan a precios justos para el viticultor.
El Observatorio de precios 2024 confirma pérdidas medias de 0,24 céntimos/kg en vaso y 0,31 en espaldera, con fitosanitarios al alza.
ARAG-ASAJA exige que la escasez y el esfuerzo se reflejen en contratos dignos esta campaña.
Los agricultores de Requena alertan de una estrategia especulativa que pretende reducir el precio de la uva de 0,90 a 0,45 €/kg.
AVA-ASAJA advierte de que los viticultores perderían dinero si se imponen estas tarifas por debajo de los costes de producción.
El sector reclama unidad y consenso en la cadena de valor del cava para garantizar precios justos y la continuidad de un cultivo rentable y de calidad.
