Desde la organización agraria regional se ha recurrido el reparto a las organizaciones agrarias de los bienes de las Cámaras Agrarias Provinciales en bloque y en proindiviso efectuado por la Consejería de Agricultura por considerarlo arbitrario y contrario a derecho. Se disputa también acerca de la deuda reconocida de 1.359.264,62 euros generada por el despido de trabajadores, que se pretende que asuman las organizaciones agrarias. Hay, asimismo, otro frente abierto sobre las Cámaras Agrarias Locales por la falta de concreción de la Ley acerca de los destinatarios de los bienes. ASAJA GRANADA peleará para que no se traspasen a los ayuntamientos u otros organismos que no velen por el interés agrario y solicitará aclaraciones respecto de todos los bienes de las cámaras en Granada.