Notas de prensa

El campo malagueño saldrá de nuevo a la calle el 29 de enero, sumándose a las protestas convocadas a nivel nacional para denunciar la crítica situación que atraviesa el sector agrario.

Las organizaciones agrarias de la provincia mantienen una unidad de acción firme para exigir soluciones reales ante la falta de rentabilidad, el aumento de costes y la presión normativa que asfixia a agricultores y ganaderos.

El sector reclama medidas urgentes que garanticen futuro, estabilidad y dignidad para las explotaciones malagueñas, y anima a productores y ciudadanos a participar en la movilización.

El campo cordobés se moviliza el 29 de enero para rechazar el acuerdo Mercosur, denunciar el recorte del presupuesto de la PAC y exigir una simplificación real que permita trabajar sin trabas ni burocracia asfixiante.

Las organizaciones agrarias alertan de que el sector está al límite, con explotaciones cerrando, costes disparados y una competencia desleal derivada de acuerdos sin reciprocidad que ponen en riesgo sectores clave como cítricos, aceituna de mesa y ganadería.

Reclaman una PAC robusta, garantías de agua, un plan hidrológico justo y controles estrictos a las importaciones para proteger la soberanía alimentaria y la viabilidad del campo andaluz.

ASAJA reclama que la Comisión Europea y el Consejo esperen al dictamen del Tribunal de Justicia de la UE antes de activar cualquier parte del acuerdo UE‑Mercosur, ante las claras dudas jurídicas y políticas señaladas por el Parlamento Europeo.

La organización advierte de que aplicar el tratado de forma provisional desvirtuaría una decisión democrática y aumentaría la desconfianza del sector agrario hacia las instituciones europeas, especialmente en un contexto de movilización masiva del campo en Bruselas y Estrasburgo.

ASAJA muestra preocupación por las posiciones favorables a una aplicación provisional y defiende que solo el TJUE debe determinar el futuro del acuerdo para garantizar seguridad jurídica y respeto institucional.

Las organizaciones agrarias UPA Rioja, UAGR-COAG y ARAG-ASAJA convocan una nueva jornada de movilización el próximo jueves 29 de enero, con tractoradas y cortes intermitentes en las carreteras riojanas durante 12 horas.

La protesta se enmarca en la movilización nacional del sector agrario contra el acuerdo UE-Mercosur, los recortes a la PAC, la falta de rentabilidad de las explotaciones y el exceso de costes, burocracia y problemas de mano de obra.

Las tractoradas se desarrollarán entre las 8:00 y las 20:00 horas, con cortes de tráfico de 20 minutos en distintos puntos estratégicos de La Rioja, para visibilizar el malestar del campo y exigir soluciones reales y urgentes.

Las principales organizaciones agrarias de Extremadura convocan nuevas tractoradas y marchas lentas este viernes 23 de enero para reclamar respuestas urgentes ante la grave situación que atraviesa el campo extremeño.

Las movilizaciones denuncian los recortes previstos en la nueva PAC, el rechazo a los acuerdos comerciales con terceros países como Mercosur y la falta de medidas eficaces para garantizar la rentabilidad de las explotaciones.

El sector exige apoyo específico para el ovino, un etiquetado claro del origen de la miel y mayores ayudas para sectores estratégicos como el arroz y el olivar, apelando a la unidad y la movilización para asegurar un futuro justo y viable para el campo extremeño.

AVA-ASAJA valora como un paso fundamental el aval del Parlamento Europeo para someter el acuerdo UE-Mercosur a control jurídico, una decisión que llega tras las movilizaciones del sector agrario en Bruselas y Estrasburgo impulsadas desde el COPA-COGECA.

La organización considera que el examen del acuerdo por parte del Tribunal de Justicia de la UE confirma las dudas jurídicas y políticas existentes y puede frenar la ratificación de un pacto que el sector considera desequilibrado y perjudicial para agricultores y ganaderos europeos.

AVA-ASAJA confía en que este avance ayude a proteger la viabilidad de miles de explotaciones valencianas y reclama al Gobierno de España una defensa clara del principio de reciprocidad y de unas condiciones de competencia justas en los acuerdos comerciales.