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ASAJA valora positivamente haber sido reconocida como “la organización profesional agraria más representativa en el ámbito estatal” según publica hoy el BOE

Resolución de 23 de mayo de 2025, de la Subsecretaría, por la que se determina la condición de organización profesional agraria más representativa en el ámbito estatal.

La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) valora positivamente haber sido reconocida como la organización profesional agraria “más representativa en el ámbito estatal”, tal como recoge la resolución publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado. Desde esta posición de liderazgo, ASAJA reitera su compromiso firme con los agricultores y ganaderos españoles, y continuará trabajando con responsabilidad, independencia y dedicación por los intereses del sector primario.
No obstante, ASAJA exige al Gobierno claridad y transparencia en la forma de comunicar el porcentaje de representatividad real de las organizaciones profesionales agrarias, tras la publicación en el BOE de las resoluciones que declaran como “más representativas” a distintas entidades del sector.
La resolución se limita a declarar la representatividad sin aportar dato alguno sobre resultados obtenidos en el proceso de verificación previsto en la normativa. Además ASAJA exige un procedimiento limpio, transparente, verificable y público donde se valore el porcentaje de representatividad real de cada organización.

ASAJA reitera su compromiso con el diálogo y la cooperación, pero subraya que este diálogo debe asentarse en bases claras, con reglas conocidas y resultados públicos. “Los agricultores y ganaderos tienen derecho a saber con qué reglas se juega y quiénes y en proporción son sus representantes “.


Con esta resolución, el Ministerio ha retrotraído de facto el modelo de representatividad agraria a hace más de tres décadas, ignorando por completo el voto directo y la voluntad expresada por los agricultores y ganaderos en los distintos procesos electorales celebrados en los últimos años en las Comunidades Autónomas. Al no hacer público el porcentaje real de representatividad de cada organización, se diluye el peso específico de cada una y se deja al albur del Ministerio cualquier decisión sobre la interlocución con el sector.

Este escenario abre la puerta a la arbitrariedad y desdibuja el principio democrático de representación, equiparando artificialmente a todas las organizaciones en un mismo plano que no se corresponde con la realidad ni con el respaldo recibido en las urnas.

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