La nueva política comunitaria tiene unos componentes cada vez más verdes, más requisitos medioambientales, más controles a los garantes de la alimentación en Europa. Requisitos que los agricultores y ganaderos Españoles cumplen de manera rigurosa, algo que Europa paga con un menor presupuesto para el siguiente periodo.
“Cada vez que hay una reforma los agricultores nos echamos a temblar porque no sabemos por dónde pueden llegarnos las exigencias y modificaciones comunitarias, pero en esta ocasión no sólo nos aprietan desde Bruselas, si no que nuestro Estado, dentro de la potestad que le otorgan determinados artículos de la norma, quiere ir tres pasos más allá abocándonos a una ruina absoluta por un reparto de los recursos arbitraria y sin sentido”, explica Santiago Sánchez, Técnico de ASAJA Málaga.
La reforma entrará en vigor a partir de 2023, y reduce el actual sistema de regiones económicas basado en 50 regiones, a un mínimo de entre 5 y 7, lo que supondría que se produjera un gran cambio en los derechos y las asignaciones históricas, sin tener en cuenta las particularidades de cada cultivo, la mano de obra necesaria y/o la rentabilidad de cada una de ellas. “No tiene sentido que en una hectárea de cereal secano de escaso rendimiento se llegara a percibir la misma ayuda que en una de regadío o de olivar, pues no tiene los mismos costes de producción, no genera la misma mano de obra y un largo etcétera, pudiendo llegar el caso de estar incentivando explotaciones agrarias en las que no se invierte, no se moderniza ni se transforma, lo que ellos mismos llaman agricultores de sofá”, apunta Sánchez. Esto ha sido ratificado por todo el sector, todas las Organizaciones Agrarias y Cooperativas Andaluzas en un acuerdo institucional.
El hecho de que España será un país muy variado agronómicamente hablando, nos obliga a tener un número elevado de regiones para que no se distorsione el sentido de las ayudas ni se obligue a muchos agricultores malagueños y andaluces a abandonar sus explotaciones o a verlas como meras herramientas para recibir ayudas. Por ello no podemos permitir que se produzca una reducción drástica del número de regiones ni una tasa plana con la desaparición de nuestros derechos históricos.
Además, quieren adelantar estas medidas entre 2021 y 2022, donde según el borrador de Real Decreto recibido pretenden una convergencia rápida entre los derechos de cada región, alcanzando el 70% de la media en 2021 y el 80% en 2022, propuesta mucho más agresiva que las exigencias de la Comisión Europea que exige una convergencia mínima en 2026 del 75% de la media.
Este hecho ya ha sido alegado por TODO EL SECTOR (todas las Organizaciones Agraria y Cooperativas de Andalucía), a través de una carta enviada al Ministro Luis Planas, que fue respondida por el mismo Planas, indicando que continuaría con este proceso iniciado, desoyendo absolutamente al clamor de agricultores y ganaderos.
Este despropósito, sumado a otros, es un breve resumen de las modificaciones de la nueva PAC que pretenden imponernos desde Europa, con el consentimiento y el beneplácito de nuestro Gobierno que NO MIRA LA REALIDAD de los agricultores y ganaderos de zonas productivas que pueden llegar al abandono de sus explotaciones por la nefasta gestión hecha sin contar un con sector, que de manera UNÁNIME, alza la voz clamando porque se dé una solución a la ruina a la que nos llevan desde el Estado.
Desde ASAJA Málaga estamos informando a los Ayuntamientos agronómicamente más representativos de nuestra provincia, para que mediante mociones apoyen los acuerdos que Organizaciones Agrarias, Cooperativas y la propia Consejería de Agricultura han alcanzado a nivel andaluz, ya que la reforma incidiría en la propia economía de los municipios de la provincia.
Fuente: Asaja Málaga
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