ASAJA-Jaén considera que la nueva normativa para el uso de fitosanitarios no es sino una manera de perseguir al agricultor y multiplicar la burocracia. La aplicación de la normativa entrará en vigor el 1 de enero de 2014 y, entre las novedades que incluye, está la necesidad de contratar a un asesor en todas aquellas explotaciones de olivar más de cinco hectáreas, hacer contratos específicos para cualquier tipo de tratamiento fitosanitario que no sea el propio o cumplimentar un engorroso cuaderno de campo que sustituye al actual. Luis Carlos Valero, gerente y portavoz de ASAJA-Jaén, explica que actualmente “el uso de fitosanitarios está perfectamente reglado y vigilado”, por lo que no entiende para qué la nueva normativa “si no es para colocar a un puñado de amiguetes y complicarle la vida a un agricultor que se ve obligado a dedicar más tiempo a los ‘papeles’ que a su labor agraria”.
ASAJA-Jaén rechaza la nueva normativa sobre el uso sostenible de los Productos Fitosanitarios, regulada en el Real Decreto 1311/2012 de 14 de septiembre, y que cuya aplicación y controles entrarán en vigor en enero del año que viene. El Real Decreto, que se aplicará de forma igualitaria en todo el país, responde a un compromiso que se va a llevar a cabo por directiva comunitaria. Tras conocer ayer por parte de la Administración la manera en la que se aplicará en nuestra Comunidad Autónoma, ASAJA-Jaén considera que no es sino una manera de multiplicar la burocracia y de “perseguir” a un agricultor que ya cuenta con una normativa que regula su actividad y con un carné que lo cualifica para el uso de los productos fitosanitarios.
Entre las novedades que impone este Real Decreto, destaca la llamada Gestión Integrada de Plagas (GIP), que será obligatoria para las en explotaciones de más de 5 hectáreas en olivar. Para aplicar la GIP, cada agricultor deberá contar con un asesor que tenga titulación habilitante. Dicho asesor le deberá informar de los productos fitosanitarios que se deben usar en cada momento y cumplimentar un “engorroso y complicado” cuaderno de campo. Luis Carlos Valero, gerente y portavoz de la organización, considera esta necesidad de contratar a un asesor “un sinsentido”, ya que los agricultores que realizan las llamadas “curas” en los olivos, deben de contar obligatoriamente con un carné que les habilita para el uso de los productos fitosanitarios. “Este carné se obtiene realizando un curso de formación oficial y el posterior examen”, indica Valero. “Es como si todo aquel que fuese a conducir una distancia larga necesitara, además de su carné de conducir, un profesor de autoescuela que se sentara a su lado y le fuese indicando el camino”, ejemplifica. “Además, no entendemos esa cifra de cinco hectáreas y por qué no se ha elegido otra: veinte, diez… etc”, añade.
Otra de las “zancadillas” que supone la nueva normativa es la obligatoriedad de hacer contratos diferenciados e inscribirse en el ROPO (Registro Oficial de Operadores y Productores) para realizar tratamientos fitosanitarios en explotaciones que no sean propiedad del que los hace. “O sea, que si haces el tratamiento a la explotación de tu mujer o de tu suegra, tendrás que hacer un contrato. En el caso de que trabajes para algún cliente, además de tu relación laboral reglada, tendrás que cumplimentar este nuevo contrato”, dice Luis Carlos Valero. “Todo ello, además, conllevará a un sinfín de inspecciones a la maquinaria utilizada en el tratamiento”, explica.
La normativa no es más sino la “gota que colma un vaso demasiado lleno”, apunta Valero. “Complica la forma de actuar del agricultor, sobre todo teniendo en cuenta que todo está ya legislado y que los agricultores cumplen, además, una normativa europea de Condicionalidad desde el año 2005”, apunta. “No entendemos el por qué de tanta trazabilidad y tantísima burocracia si no es para mantener colocados a una panda de ‘amiguetes y complicar la vida a un agricultor que se ve obligado a dedicar más tiempo a los ‘papeles’ que a su actividad agraria”, añade.
Valero señala, además, la persecución que sufre el agricultor que realiza sus tratamientos en los últimos meses por parte de las autoridades competentes (Guardia Civil y Policía Autonómica). “Prácticamente se persigue a todo aquel al que ven con una cuba o atomizador y, además, produciéndose una duplicidad de funciones entre ambas fuerzas de seguridad”, apostilla. Insiste en que los agricultores están concienciados y la actividad se encuentra perfectamente legislada para hacer un uso seguro y sostenible de los productos fitosanitarios y recuerda que han sido organizaciones como ASAJA-Jaén las que, desde el año 2000 (que fue cuando se hizo obligatorio la obtención del carné de manipulador) las que han impartido cursos formativos homologados para la obtención del carné. En el caso de ASAJA-Jaén, se han impartido hasta el momento 360 cursos de nivel cualificado, lo que supone que 8.300 agricultores han obtenido su carné. “Todo ello sin contar con apoyo económico específico por parte de la Junta de Andalucía para impartir estos cursos”, concluye Valero.