Este límite se fijó durante la pasada primavera, cuando en marzo Asaja-Huelva denunció públicamente la presencia de esta enfermedad en partidas de cítricos importados desde Sudáfrica a Europa. La alerta de Asaja y las gestiones de su presidente, José Luis García-Palacios Álvarez con el Ministerio de Agricultura durante una reunión mantenida con su secretaria general, Isabel García Tejerina, desembocó en el estudio de la situación por parte de la Unión Europea y el establecimiento de medidas destinadas a evitar que la antracnosis pudiera afectar a los cultivos de esta fruta en los países miembro, especialmente a España, el mayor productor y exportador europeo de cítricos.
La antracnosis o CBS es una enfermedad totalmente inocua para el ser humano pero que afecta gravemente a la apariencia de la fruta. Los síntomas son devastadores e incluyen la muerte de ramas y hojas, y manchas oscuras en la fruta que evolucionan hasta la podredumbre de la misma. Su propagación por las zonas productoras de Europa tendría consecuencias desastrosas para los cultivos y originaría pérdidas millonarias para las economías locales, que además tendrían que enfrentarse, a su vez, al cierre de las fronteras de los países a los que exportan sus producciones y a costosos procesos para erradicar la enfermedad allá donde se hubiera detectado.
Por estos motivos, Asaja-Huelva considera de vital importancia que la Unión Europea actúe con la máxima celeridad y contundencia y ponga en marcha los mecanismos fijados para evitar que la antracnosis se propague a las producciones europeas. Todo parece indicar que, tras la detección del quinto caso en los Países Bajos hace unos días, los envíos procedentes de Sudáfrica siguen llegando sin que la administración europea haya tomado aún medidas al respecto.
Asaja-Huelva quiere dejar claro que no se trata de un problema de competencia, ya que las producciones no se solapan prácticamente en ningún momento del año, pero sí constituye un grave problema fitosanitario y una vuelta de tuerca más a la permisividad con la que en muchas ocasiones la Unión Europea trata a las producciones de países terceros mientras aplica férreos controles a las propias y a la consiguiente permeabilidad de las fronteras en virtud de compromisos políticos que tienen como consecuencia un perjuicio para el patrimonio agrícola comunitario.