La organización agraria APAG EXTREMADURA ASAJA desea poner en valor y felicitar públicamente a Asaja Nacional por el gran trabajo realizado para conseguir arrancar del Gobierno dos compromisos prioritarios que venían persiguiendo los agricultores y ganaderos: que no tengan que pagar el IVA en las transmisiones de derechos de pago único de la PAC y una previsible mayor seguridad en los campos gracias a la reforma del Código Penal que entrará en vigor el próximo 1 de julio.
En primer lugar, el Ministerio de Hacienda ha aprobado a instancias de Asaja que los agricultores que vendan o alquilen sus derechos de la Política Agraria Común (PAC) junto con el terreno correspondiente no tendrán que tributar por el IVA. La repercusión incide en los años 2011, 2012 y 2013, tanto a los arrendadores como a los vendedores, que eran los que estaban obligados a abonar el IVA y que ahora quedarán exentos.
Sin embargo, Asaja ha argumentado desde el primer momento que los arrendamientos y/o compraventas de tierras agrícolas se considerasen como actividad principal en su condición de prestación accesoria de derechos de pago único, por lo que debían de estar exentos de IVA, como a su vez los derechos de pago único asociado.
Esta tesis venía además avalada por un informe del Comité del IVA de la Unión Europea, que subrayaba el carácter jurídico accesorio de los derechos. Y así lo ha terminado por reconocer también el Ministerio de Hacienda.
De la misma manera, la Dirección General de Tributos considera que las operaciones accesorias tributan del mismo modo que la operación principal, lo que repercute en la exención del impuesto que resulta de la aplicación a las entregas y arrendamientos de terrenos, como es el caso del IVA.
En otro orden de cosas, la cesión de derechos de pago único se consideraba también como una operación no sujeta al IVA al producirse una transmisión global o íntegra del patrimonio empresarial o profesional. Sin embargo, a partir de ahora, también tendrá el mismo tratamiento la transmisión parcial o en parte, que no estará tampoco sujeta a este impuesto tras la petición de Asaja.
De esta manera, confiamos en que los recursos que venían interponiendo los agricultores en los últimos tiempos, tras este dictamen de la Dirección General de Recursos, sean resueltos de forma positiva y que también se paralicen de raíz las comprobaciones que hasta el momento llevaba a cabo la Agencia Tributaria contra los profesionales del sector.
Por consiguiente, se debe de solicitar la devolución del IVA de los agricultores y ganaderos que ya hayan pagado por ingresos indebidos.
CÓDIGO PENAL
En otro orden de cosas, desde APAG EXTREMADURA ASAJA estamos satisfechos pero sólo en parte con las mejores conseguidas en la tan esperada reforma del Código Penal contra los robos en el campo, que entrará en vigor este próximo 1 de julio, que no son todas las deseadas.
En nuestra opinión, la reforma debería de haber sido más ambiciosa y con un endurecimiento aún mayor de las penas.
Esta modificación aprobada incluye que la tipificación de los hurtos dejan de ser faltas y pasan a considerarse delitos leves y se endurecen en parte las penas por los hurtos realizados en explotaciones agrarias y ganaderas, castigándose con una pena de prisión de uno a tres años. Así mismo, se agravan las penas por el delito de receptación, al que se impondrá una pena de uno a tres años de prisión (antes se establecía entre seis meses a dos años).
En este tipo de delitos se agrava la pena cuando el mismo se realice en establecimientos o locales mercantiles, imponiendo además de la pena de prisión una multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión.
Además, se contempla también un tipo agravado cuando los autores de los delitos sean multirreincidentes, que anteriormente eran condenados por faltas de hurtos y ahora podrán ser condenados por un delito de hurto agravado castigado con penas de uno a tres años cuando ya han sido condenados por tres delitos patrimoniales.
En cualquier caso, APAG EXTREMADURA ASAJA valora positivamente las negociaciones llevadas a cabo por Asaja Nacional para cambiar esta normativa y que consideramos vital para la protección jurídica de las explotaciones agrarias, que padecían hasta ahora una enorme desprotección y como consecuencia de ello un perjuicio muy elevado.
