La organización agraria Asaja Extremadura considera un “despilfarro” y absolutamente “desproporcionado” el presupuesto de la Junta de Extremadura para el desarrollo de las elecciones agrarias, si finalmente se celebran, el próximo día 12 de marzo. Dicha cantidad se eleva a 230.000 euros.
Ángel García Blanco, presidente de esta organización agraria, considera “excesivas” estas cantidades teniendo en cuenta la época de contención del gasto que se vive en la actualidad, y más en la Consejería de Medio Ambiente y Rural, donde “se niega por activa y por pasiva, por ejemplo, cualquier indemnización a los ganaderos afectados por la tuberculosis excusándose en que no hay presupuesto para ello”.
En cambio, se produce un derroche absoluto en beneficio de los miembros de la Comisión Central que dirige dichas elecciones. El pasado 13 de febrero se recoge en el DOE las cantidades a percibir por dichos integrantes así como los de las juntas electorales y los funcionarios que van a trabajar en estos comicios agrarios. Así, por cada reunión que tengan, aunque sea por un tiempo reducido, se embolsan 168 euros los de la Comisión Central (más dietas, hoteles, etc.) y 135 euros los de la provincial, que al parecer deben de tener menos categoría. También se pagará a los funcionarios que “colaboren”, aunque sea en su jornada laboral, “lo que consideramos completamente inadecuado porque lo hacen en sus horas de trabajo”.
Mientras, se ha establecido un total de 292 mesas electorales, integradas por tres miembros cada una, para un total de 876 personas, que cobrarán sesenta euros el día de las elecciones, lo que supondrá 52.560 euros. Es decir, hay una diferencia de 177.440 euros hasta llegar a la cantidad total presupuestada por la Junta (230.000 euros), “lo que consideramos un auténtico abuso, un chollo para los que se lo van a llevar ‘calentito’ y un despilfarro”, denuncia Ángel García Blanco.
INADMISIÓN
En otro orden de cosas, Asaja Extremadura denuncia que la Comisión Central Electoral ha prohibido votar a 147 personas jurídicas el día de las elecciones. A todas ellas, esta organización agraria les había solicitado su derecho a voto y había abonado para ello los 30 euros por cada uno, cantidad que solicitaba la Junta de Extremadura para poder tener derecho a voto. “Esto suponía un auténtico atraco a mano armada para los modestos bolsillos de los agricultores y ganaderos, que ya bastante tienen encima como que para encima la Junta les obliga a pagar para poder votar”, denuncia Ángel García Blanco.
Este dinero era el que había que pagar para conseguir el certificado del Registro Mercantil, cuando ya de por sí la Junta de Extremadura tenía estos datos en su poder.
Por último, Asaja Extremadura también quiere denunciar que la Junta tiene la intención de ubicar mesas electorales en municipios donde oficialmente no están publicadas dichas mesas, “con la única intención de beneficiar a una determinada organización agraria, lo que supone una nueva chapuza e irregularidad más de las muchas que se han cometido en estos últimos meses”, advierte Ángel García Blanco.
De todas formas, esta organización agraria confía en que la Sala de la Contencioso-Administrativo del TSJEx “ponga fin a todo este despropósito” y en unos días paralice las elecciones hasta que todos estos “turbios asuntos no se clarifiquen” y se organicen unas elecciones “completamente limpias y democráticas, y no al servicio exclusivo de un partido político y en favor de unas determinadas siglas de una organización agraria”.
