Asaja aplaude esta aprobación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de hoy, ya que permite que “pueda haber una libre elección de empresa haciendo que los precios sean competitivos”. Y es que las tarifas anunciadas por la Junta de Andalucía eran un 71% más que en la mayoría de las comunidades autónomas. Además, la no libre elección de la empresa en la que realizarla vulneraba el artículo 14 de la Constitución Española.
Por tanto, “la situación era enormemente perjudicial para nuestros agricultores y ganaderos”, pero lo más grave es que hasta ahora en Andalucía no han sido capaces de poner en marcha este servicio.
De este modo, Fernández de Mesa ha pedido mayor agilidad en la tramitación porque esta aprobación llega tarde, puesto que en el resto de las comunidades ya van por más del 50% de las inspecciones realizadas, dado que empezaron las inspecciones técnicas hace más de un año.
El plazo legal para realizar las inspecciones finaliza el día 26 de noviembre de 2016, lo que significa que, probablemente, no se van a poder pasar las inspecciones técnicas por falta de tiempo. Si los agricultores y ganaderos, pasado el día 26 de noviembre de 2016, no hubieran podido realizar las ITV, tendrían una penalización de la PAC y sanciones por parte de la autoridades competentes en la materia.
