Ante la obligación de trasponer la Directiva 2009/128/CE a la legislación española, estaba prevista la publicación del presente Real Decreto para el mes de Noviembre pasado. El nuevo equipo del Ministerio retoma el tema y con el tiempo en contra ha enviado ya el nuevo proyecto de borrador, sobre el que Asaja Córdoba ha presentado sus alegaciones. La organización agraria señala la imposibilidad del sector en asumir más gastos en la situación actual, previendo que esta norma supondrá un aumento burocrático y por tanto, de los costes que ya se soportan.
Los temas más preocupantes, según Asaja Córdoba, son la Gestión Integrada de Plagas, la figura de Asesoramiento, así como la definición de explotaciones de bajo riesgo (las cuales estarían exentas de cumplir con la Gestión Integrada de Plagas). Otro de los temas importantes es la eliminación de tratamientos aéreos (principalmente los de la mosca del olivo y en las masas forestales, así como tan necesarios en cultivos herbáceos extensivos en determinadas situaciones de encharcamiento) y los nuevos requisitos que han de cumplir los equipos de tratamientos.
Asaja Córdoba insiste en que todo aumento burocrático se convierte al final en un coste y el sector no está dispuesto, ni puede, asumirlos. La figura del asesor es la que despierta más problemas. Al ser las exigencias mayores supondrá un aumento burocrático, una firma y una responsabilidad que, sin duda, aumentará los costes del agricultor. En base a la Directiva, que prevé sistemas de compensación por parte de los Estados miembros, Asaja Córdoba ha solicitado, que de verdad se consideren estas compensaciones.
Este último borrador ya incluye como prácticas que cumplirán con la Gestión Integrada directamente: APIs, ATRIAs, producción ecológica e integrada y algunas certificaciones privadas, ya que se supone que cumplen con los principios básicos de la misma en cuanto al control previo de las plagas y de los productos químicos que se usan. En cuanto a los protocolos privados de calidad habrá que realizar un estudio detallado de cuáles son los que cumplen o no.
Las máquinas de aplicación se ven muy afectadas por esta norma, ya que muchas de las existentes dejarán de ser operativas, al no permitir el lavado y enjuague de los envases, no tener válvulas anti-retorno y no poder llenarlas directamente de la mayoría de las fuentes de agua disponibles en el campo, por lo que Asaja Córdoba solicita habilitar un periodo transitorio amplio y que se concedan ayudas para el recambio de las mismas.
También se establece la edición de guías de tratamientos para aquellas explotaciones o cultivos de bajo riesgo, que estarán exentas de la obligación de cumplir la Gestión Integrada de Plagas. El borrador deja este tema para elaborarlo antes de 1 de marzo de 2013, anotando ya que serán aquellas que conlleven una baja utilización de productos fitosanitarios, lo que puede evitar que se consideren, como en principio parecía, solo de bajo riesgo por tamaño de explotación, lo que suponía un criterio eminentemente político y en ningún caso técnico.
En cuanto a los tratamientos aéreos el problema está en la “excepcionalidad”. Asaja Córdoba ha mostrado su preocupación por los tratamientos para la mosca del olivo, así como en las masas forestales. Se ha solicitado que se deje el tema lo más abierto posible para no tener que pedir todos los años una serie de tratamientos excepcionales y que sean siempre los mismos. Existen ventajas claras que permitan justificar, en función de lo que dice la Directiva, tratamientos o situaciones en los que “no haya alternativa viable…” o “supongan ventaja medioambiental y para la salud laboral…”, pues la situación de estos tratamientos ha cambiado mucho en los últimos años y la tecnología permite aplicaciones seguras y respetuosas con el medio ambiente.
En cuanto al cuaderno de explotación, se convierte en un verdadero “libro de explotación”, debido a la cantidad de datos que ha de registrar, por lo que Asaja Córdoba ha insistido sea lo más sencillo posible.
