Asimismo, se solicita que se permita la entrada de empresas privadas para hacer dichas inspecciones y así pueda haber libre elección de empresa haciendo que los precios sean competitivos. Por otro lado, Asaja reclama también que, si llegado el día 26 de noviembre de 2016, fecha límite para realizar estas inspecciones, los agricultores y ganaderos andaluces no hubiesen podido pasar todas las ITV de la maquinaria, sea la administración andaluza la castigada y no los agricultores, ya que no tienen “por qué pagar la inoperancia” de la Junta de Andalucía y de Veiasa, empresa a la que se le ha atribuido en exclusividad la realización de este servicio.
Asaja considera que al tener exclusividad Veiasa, las tarifas anunciadas por la Junta de Andalucía son un 71% más que en la mayoría de las comunidades autónomas. Además, la no libre elección de la empresa en la que realizarla, vulnera el artículo 14 de la Constitución Española.
Por tanto, “la situación es enormemente perjudicial para nuestros agricultores y ganaderos”, pero lo más grave es que en Andalucía no es posible, a día de hoy, pasar las inspecciones técnicas de los equipos de productos fitosanitarios porque “la Junta de Andalucía y la empresa pública Veiasa no han sido capaces de poner en marcha este servicio”.
El plazo legal para realizar las inspecciones finaliza el día 26 de noviembre de 2016, lo que significa que no se van a poder pasar las inspecciones técnicas por falta de tiempo, y en consecuencia, no se van a poder aplicar tratamientos en el campo, con la pérdida de jornales y de ventas de productos fitosanitarios que ello conlleva. Si los agricultores y ganaderos, pasado el día 26 de noviembre de 2016, quisieran hacer su tratamientos sin haber pasado las ITV, tendrían una penalización de la PAC y sanciones por parte de la autoridades competentes en la materia.
