Ante esta situación, los miembros de la sectorial vitivinícola provincial acordaron en su última reunión solicitar la prolongación de dos años de los derechos de replantación, hasta julio de 2018, para propiciar así que los viticultores puedan desarrollar sus planes con la planta programada.
Según las estimaciones de ASAJA puede faltar hasta un 30% de la planta necesaria para acometer la reestructuración, lo que motiva que no se pueda plantar lo programado sino las variedades de plantas disponibles en los viveros.
Además, esta falta de planta se está traduciendo en un incremento de los precios, con el consiguiente perjuicio para los agricultores.